Luego de que surgiera incertidumbre entre los productores locales acerca del comercio de materia prima entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), los representantes de la UE convocaron a un encuentro con la prensa donde negaron la existencia de una imposición directa para las relaciones comerciales entre los bloques.
Sin embargo, destacaron un requisito que podría tener consecuencias significativas en el sector agrícola, no solo de Paraguay, sino también de otros países del continente.
El requisito o medida legal que se implementará es la reglamentación 1.115, que básicamente indica que la producción de materia prima provenga de tierras no deforestadas. Esto implicará que los productores tengan que demostrar a través de las instituciones públicas esta trazabilidad para garantizar dicho requisito.
Desde la UE utilizaron el término de “debida diligencia” para definir el documento que tendrán que presentar los productores locales cada vez que quieran comercializar con importadores europeos, es decir, una certificación. También mencionaron que el comprador, de no cumplir con estas exigencias, se expondrá a duras sanciones en su país.
La posición de la UE es firme con relación al cumplimiento de esta normativa, haya un acuerdo o no entre los bloques. Este requisito es aplicable de manera uniforme a todos los productos, ya sea para la carne, soja, madera, cacao y otros productos.
Según Mateo Sartori, jefe de cooperación de la Unión Europea, es sumamente importante informar a la ciudadanía y a los productores que dicha reglamentación se aplicará recién en el año 2025, ya que actualmente se encuentra en un proceso de adaptación.
Además, indicó que los productores deberían regirse por las leyes paraguayas, no así por las europeas. Sin embargo, indicó que en Europa existe interés por la compra de productos de alta calidad, orgánicos, y que sean amigables con el medio ambiente, es por ello que uno de los pilares para las negociaciones es la producción sostenible.
Si bien recalcó que la reglamentación 1.115, según los representantes europeos, entrará en vigor a partir del año 2025, independientemente de si se logra o no un acuerdo formal entre la UE y el Mercosur, plantea desafíos y preocupaciones para los gremios del sector agrícola paraguayo, que podrían enfrentarse a restricciones comerciales si no cumplen con los estándares ambientales exigidos.
Un escenario plausible para Paraguay sería que, al comercializar soja con Argentina, este último país también podría requerir la presentación de dicha documentación en caso de reexportación hacia Europa.
Con esto, destacaron la necesidad de seguir estableciendo diálogos con el sector productivo para establecer los mecanismos necesarios para alcanzar los estándares requeridos. Por ello, la UE ofrecerá una cooperación técnica y económica de unos 10 millones de euros.
