Los diferentes rectores/as de las universidades públicas del país defendieron ayer sus presupuestos frente a la Comisión Bicameral de Presupuesto, que preside el senador Derlis Osorio, encargada del análisis del proyecto de Ley «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación, para el Ejercicio Fiscal 2024”.
En el proyecto del Ejecutivo, las diferentes universidades en su conjunto cuentan con un presupuesto de G. 1,8 billones. Concretamente, a la Universidad Nacional de Asunción (UNA) le corresponden G. 1,6 billones, de los cuales G. 1,2 billones serán financiados con transferencias que realizará el Gobierno Central. Sin embargo, desde la entidad señalaron que existe una necesidad total de G. 1,43 billones que deben ser financiados con recursos del Tesoro. (Ver gráfico)
En su presentación y entre los proyectos que impulsará la UNA, la rectora Zully Vera, instó a sumar más investigadores de acuerdo a las carreras. Agregó que es importante que las carreras cumplan con los estándares de calidad porque asegurará la calidad de los egresados.
Igualmente, mencionó que fortalecerán los programas de posgrados a nivel central y con las filiales, además de no descuidar la investigación y los proyectos que son financiados por el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología).
Por otro lado, manifestó que necesitan impulsar rubros que afectan a infraestructura, mobiliario y equipamientos. “Nuestros desafíos para la facultad son incrementar y mejorar la capacidad edilicia”, subrayó.
Entre otras cosas, remarcó que un punto principal es que la transferencia de la Ley de Gratuidad conocida como “Arancel cero”, del año 2020, realmente se llegue a transferir completamente a las facultades.
En ese contexto, solicitó mejorar las transferencias, dado que las facultades podrían verse afectadas. Además, requirió que las facultades tengan crecimiento vegetativo, nivelación salarial que corresponda a docentes y administrativos.
“Se solicita tener consideración a las necesidades presupuestarias de la UNA, que brinda servicio a 55.000 estudiantes, 9.000 docentes y 6.000 funcionarios”, puntualizó.
Nivelación
Seguidamente, se presentó Clarito Rojas, rector de la Universidad Nacional de Concepción, quien habló en representación de las nueve universidades del interior del país que tienen presencia y servicios como educación superior en cabeceras regionales.
“Somos receptores de aproximadamente 47 mil jóvenes matriculados en estas instituciones con diferentes ofertas y con un presupuesto que no supera los G. 582.000 millones, que es la sumatoria de las nueve universidades públicas”, señaló.
Agregó que las realidades que administran son, por ejemplo, la nivelación salarial en los rubros administrativos y de docentes. “Planteamos a esta bicameral un ajuste del 20% en la línea presupuestaria de los salarios de los docentes, prioridades de crecimiento vegetativo de acuerdo a la realidad de las universidades”, expuso ante la CBP.
También coinciden entre todas las universidades sobre la necesidad de la revisión de la Ley de Arancel Cero, para que se pueda ajustar el déficit que vienen arrastrando desde la promulgación de la citada normativa, lo que provocó que no puedan cubrir ciertas necesidades. Además, plantean reemplazar el fondo de inversiones por Fuente 10 (impuestos), considerando que los montos asignados son inejecutables por la burocracia.
A su vez, Ángel Rodríguez, rector de la Universidad Nacional de Caaguazú, manifestó que les golpeó bastante la Ley de Gratuidad, aclarando que no están en contra, pero que el gobierno debe dotarlos de mayor presupuesto para cubrir sus necesidades.
Igualmente, intervino Osvaldo de la Cruz Caballero, rector de la Universidad Nacional del Este. “No tenemos infraestructura, ni presupuesto, ni para pagar salarios a los docentes”, lamentó.
Sostuvo que la universidad apenas puede recibir 1.500 alumnos por año y que el gobierno puede restablecer esta situación. Solicitó un aumento de G. 164.000 millones, que podría cubrir las necesidades.
Asimismo, se presentó Gladys Britez, vicerrectora de la Universidad Nacional de Pilar, pidiendo nivelación salarial para docentes y funcionarios administrativos; creación de cargos, equipos tecnológicos, contratación para elaboración de sistemas informáticos, construcción de aulas, laboratorios para uso institucional y mantenimiento del campus universitario. Para cubrir todas las necesidades citadas solicitan G. 26.000 millones.
De igual manera, Hermenegildo Cohene, rector de la Universidad Nacional de Itapúa, solicitó un incremento de G. 24.000 millones para cubrir las expectativas de crecimiento vegetativo, docentes y administradores.
Así también expuso las necesidades de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, el rector Simón Benítez, quien pidió la revisión de los salarios de los docentes y la recategorización de docentes, escalafonados y asistentes. Para ello, dijo que precisan de G. 8.000 millones y G. 4.500 millones en concepto de inversión para infraestructura física.
Por su parte, Mariano Pacher, rector Universidad Nacional de Canindeyú, dijo que requieren de G. 12.000 millones para responder las necesidades de la casa de estudios, que servirá para nivelación salarial e infraestructura.
Durante la reunión, también asistió Pedro González, rector de la Universidad Nacional de Misiones, quien sostuvo que tienen un alto requerimiento en infraestructura, porque funcionan en alquileres por el momento.
Solicitó trabajar con la Comisión Bicameral y su equipo administrativo porque siendo una universidad nueva tiene otras necesidades diferentes. Solicita tener un presupuesto de Gs. 20 mil millones.
Por último, presentó sus requerimientos Carlino Velázquez, rector Universidad Politécnica de Taiwán – Paraguay, quien explicó que todo el plantel de docente es financiado con la donación de China Taiwán y en cuanto a cuestiones administrativas lo financian a través del PGN. “Hoy en día tenemos el gran desafío de contar con un local propio para construir la universidad”, expresó.
Agregó que su presupuesto es similar al año pasado y que no requieren de nada adicional. Asimismo, sostuvo que la aplicación de la Ley de Gratuidad les afectó.
