La nominación como miembros del Consejo de Administración de la Binacional Itaipú de la jefa de Gabinete, Lea Giménez; del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos; del ministro de Industria, Javier Giménez; y del Canciller, Rubén Ramírez Lezcano genera todo tipo de reacciones e incluso algunos aseguran que no es compatible con la Carta Magna.
Cabe señalar que también forman parte de este equipo, Roberto Moreno, asesor jurídico de la Presidencia, el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, y el ingeniero Héctor Richer. El equipo trabajará, principalmente, para la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú.
Este miércoles esto fue tema de debate en las dos cámaras del Congreso, por un lado, la oposición asegura que con esta decisión se violan los artículos 237 y 241 de la Constitución Nacional, que establece que los ministros no pueden asumir otras funciones en el sector público ni el privado.
En la Cámara Baja se planteó sobre tablas un proyecto de declaración que instaba al presidente Santiago Peña a revocar los decretos de nombramientos de tres ministros del Ejecutivo en el Consejo de Administración de Itaipú. Sin embargo, la iniciativa no prosperó.
En este sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, antes del inicio de la sesión ordinaria, dijo que las nominaciones realizadas por el presidente de la República para el Consejo de Administración de Itaipú, no son incompatibles con la Carta Magna.
“Yo no veo inconstitucionalidad alguna”, significó al tiempo de explicar que “el presidente de la República está actuando en el mejor interés de nuestra nación y está poniendo a los mejores jugadores en la cancha para poder realizar la mejor negociación posible para nuestro país”.
“El aporte que van a estar realizando los ministros y el canciller son desde su ángulo de experiencia; yo creo que es un acto patriótico que el presidente Santiago Peña haya sentado en esa mesa, en este momento tan importante para nuestra historia, a los mejores jugadores”, señaló.
Finalmente, dijo que los nominados son los jugadores con mayor experiencia y confianza del presidente de la República. “Van a ejercer la representación, directamente, desde el ángulo de la realidad que tiene que abordar el aspecto energético, diplomático y económico; de eso estoy seguro”, finalizó.
Ampliación presupuestaria del Ministerio Público
Por otra parte, el plenario de la Cámara Baja sancionó el proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023, aprobado por Ley N° 7.050, de fecha 4 de enero de 2023 – Ministerio Público”.
La propuesta, que fue dictaminada positivamente por las comisiones de Presupuesto y de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, busca otorgar recursos por un monto total de G. 64.904 millones.
Financiar varios objetos de gasto del Ministerio Público; y la necesidad de contar con nuevas unidades fiscales de investigación, con la creación de 468 cargos, son argumentos principales del pedido de ampliación, según explicó la presidente de la Comisión de Presupuesto, Cristina Villalba (ANR).
La legisladora especificó, en cuanto a la creación de los nuevos cargos, que se trata de ocho fiscales adjuntos; 40 agentes fiscales; 120 asistentes fiscales; 80 secretarios fiscales; 40 auxiliares fiscales; 20 médicos forenses; 40 psicólogos; 20 peritos; entre otros.
Vicepresidencia de la República
También, el proyecto de ley “Que modifica el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023, aprobado por Ley N° 7.050 del 4 de enero de 2023 – Vicepresidencia de la República”, contó con aprobación del plenario de la Cámara de Diputados en la sesión ordinaria de la fecha.
La propuesta fue remitida por el Poder Ejecutivo y tiene dictamen de aprobación de la Comisión de Presupuesto.
El objetivo es la transferencia de créditos y la modificación del anexo de remuneraciones de personal, por un monto de G. 72.583.334, con la finalidad de crear cuatro cargos en la Vicepresidencia de la República (rubro jornales).
Tras el visto bueno de la Cámara Baja, la iniciativa se remite a la Cámara de Senadores.
