En su sesión ordinaria de este miércoles, la plenaria de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de declaración “Que respalda al Poder Ejecutivo en las acciones emprendidas ante la República Argentina para garantizar la libre navegabilidad en la Hidrovía Paraguay-Paraná y exige el cumplimiento del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra de Transporte Fluvial».
La declaración es en respuesta al accionar de las autoridades del Puerto de San Lorenzo, República Argentina, que procedió a la retención y embargo de una embarcación paraguaya, alegando la falta de un pago no legitimado y denominado “Impuesto a la Hidrovía”.
Aclara que nuestro país suscribió el referido acuerdo en 1995 junto a la República Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República Federativa del Brasil, y la República Oriental del Uruguay.
“La aplicación de un peaje, de manera unilateral, transgrede la libertad de navegación en toda la hidrovía de las embarcaciones que en ella circulan”, asegura el documento.
Rechaza, por otra parte, la decisión jurisdiccional adoptada por la Argentina en violación al espíritu del referido acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, sin haber agotado la instancia diplomática.
El documento reconoce, igualmente, la plena vigencia del acuerdo y sus protocolos adicionales, desde el 13 de febrero de 1995, cuando fuera probado por la Argentina (Ley 24386/94); Bolivia (Decreto Supremo 23484/93); Brasil (Decreto Legislativo 32/94); y en Uruguay (Decreto 238/93).
Exhorta, finalmente, a las autoridades que suscribieron el referido acuerdo a articular la adopción de medidas que garanticen la libertad de tránsito de las embarcaciones que circulan por la hidrovía.
En senado analizaron sobre el mismo tema
Por otra parte, los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales del Senado mantuvieron una reunión con Rubén Ramírez Lezcano, futuro canciller nacional, a fin de abordar sobre la crisis de la hidrovía.
Tras el encuentro, Ramírez Lezcano expresó que se realizarán los procedimientos necesarios para solucionar la problemática de las tasas de peaje para la navegación fluvial, impuestas por el Gobierno de Argentina.
Adelantó que están analizando todas las medidas posibles a fin de evitar más pérdidas para las empresas, por ello mantuvieron una reunión con representantes de la embajada argentina, quienes se comprometieron a transmitir la posición del Paraguay a su Gobierno.
Asimismo, explicó que están realizando las gestiones necesarias, también a través de la justicia, con el objetivo de levantar las medidas precautorias en la retención de las barcazas.
Por su parte, el senador Gustavo Leite afirmó que, desde esta Comisión, brindarán el apoyo necesario a la Cancillería Nacional, teniendo en cuenta que esta problemática afecta a las empresas privadas del país, por tanto, también a todos los paraguayos, poniendo en riesgo ingresos y fuentes de trabajo.
Proyecto de Ley de organización administrativa del Estado
Además, el Ministerio de Hacienda informó que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional una iniciativa mediante la cual plantea establecer principios y reglas sobre la organización administrativa del Estado, para uniformar criterios que permitan una administración más eficiente, de conformidad con sus fines institucionales, la disponibilidad de recursos y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Según Hacienda, el proyecto se enmarca en una serie de propuestas legislativas impulsadas por el Gobierno Nacional, en el marco de la transformación del Estado, con el objetivo de lograr el uso eficiente de los recursos públicos y mejorar la entrega de los servicios a la ciudadanía, entre los que se destacan el “De la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil”, así como la ya promulgada Ley N.° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.
La propuesta incorpora reglas claras y herramientas que permiten el fortalecimiento de la prestación de servicios misionales y una optimización de los ámbitos financieros y de apoyo operativo de las instituciones.
Además de buscar la eficiencia y modernización de las instituciones, el proyecto contribuye a la mejora de la calidad del gasto, a través de una coordinación más eficiente en la forma de trabajar de las instituciones, por medio de mecanismos de coordinación y el fortalecimiento de las políticas y la rectoría sectorial.
Entre las principales innovaciones que propone el proyecto se destacan las siguientes:
1) Normas y criterios generales que orienten de forma explícita la estructuración del Estado, enfocados en torno a un paradigma de racionalización que justifique cualquier creación y modificación de estructuras administrativas sobre la base de las necesidades públicas, la disponibilidad de recursos y el interés general de la ciudadanía.
2) Se definen cuáles son los instrumentos jurídicos necesarios para aprobar la creación, modificación de las cartas orgánicas de los organismos y entidades del Estado, así como las normas de organización en general (creación de unidades dependientes, funciones, etc.).
3) Se establecen los contenidos básicos de las cartas orgánicas y los requisitos de creación de dependencias administrativas.
Además, el proyecto de Ley clasifica los ámbitos de la organización según el tipo y naturaleza de funciones, establece los medios de control de acuerdo a la naturaleza de las distintas estructuras administrativas del Estado y regula la resolución de controversias o conflictos entre instituciones.
También, el proyecto fija reglas que aseguren un mayor destino de recursos para fortalecer los ámbitos misionales de las instituciones; y encarga al Ministerio de Hacienda el diseño de criterios para la categorización, estandarización y centralización de las unidades administrativas y financieras (UAF) y las SUAF, así como, las dependencias de asesoramiento y de apoyo operativo; e incorpora reglas para la presentación de proyectos de simplificación del Estado.
Finalmente, a solicitud del equipo de transición del gobierno electo, el proyecto prevé la inclusión de mandatos de carácter especial de reordenamiento institucional, orientados a la combinación de recursos, funciones y responsabilidades de instituciones estratégicas del Poder Ejecutivo, que complementan a los demás instrumentos incluidos al proyecto marco.
