En la última década, nuestro país ha tenido un progreso vertiginoso en términos de estabilidad macroeconómica, con instituciones que se han ido aggiornando lentamente a los tiempos modernos. Este progreso gradual se ha plasmado tanto en la política monetaria, con el esquema de metas de inflación, como en la política fiscal, con la Ley de Responsabilidad Fiscal, y con ello se ha generado cierta confianza.
La pregunta que surge a partir de esto es si resulta suficiente la estabilidad macroeconómica para avanzar como país. Hay cuestiones que tienen una complejidad tal, que no pueden ser respondidas de manera disyuntiva entre un sí o un no; sin embargo, la respuesta rápida en esta ocasión es que definitivamente no; y como muestra un botón.
Cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelaron la semana pasada que la tasa de asistencia a instituciones formales de enseñanza de los jóvenes de entre 15 y 24 años es de apenas el 48,9% en el promedio del país. La situación es peor en áreas rurales, donde apenas el 43,9% tiene acceso, pero aún cuando hablamos de zonas urbanas la tasa asciende solo al 53,1%.
Concretamente, estamos hablando de más de 1,3 millones de personas (franja de 15 a 24 años) que son la máxima expresión del tan mentado bono demográfico, el cual repetimos y vendemos como el momento a ser aprovechado.
Dicho en otras palabras, solamente la mitad de los jóvenes en esa franja etaria -la de mayor frescura e idoneidad para la formación académica o técnica antes del inicio de la vida laboral plena- accede a una institución educativa ya sea pública o privada.
¿Hacia dónde vamos como país cuando la educación es un privilegio para unos pocos?
Esto no es un tema solamente relacionado con conceptos como de justicia social, sino a cuestiones básicas de mercado, competitividad y atractivo para el capital. Imaginemos por un segundo el análisis de una empresa que debe tomar la decisión de trasladar una industria al Paraguay u otro de similares características pero con nivel de educación mucho más elevado.
Resulta lógico pensar que, en un ambiente de educación mucho más universal, resultaría más barato para una empresa no tener la necesidad de trasladar capital humano foráneo. Esto, sumado a la fuga de cerebros que sufre nuestro país, así como otros de Latinoamérica, ante la falta de oportunidades para profesionales formados.
A la histórica falta de centralización en la idoneidad para acceder a un trabajo que siempre existió en nuestro país, en especial en el sector público pero que también ocurre en el sector privado -en menor medida-, se debe sumar la falta de oportunidades que tienen muchos jóvenes que deben resignarse a dedicarse al trabajo desde una edad muy temprana, en el rubro que se pueda, para sobrevivir.
En definitiva, aquel concepto romano de justicia de “dar a cada uno lo suyo” ha quedado rebasado por el tiempo y la modernidad exige otra dinámica, con una impronta propia. Para generar un mercado que pueda ser competitivo, necesitamos generar una justicia en la sociedad, en función de “dar a cada uno lo que se le tiene que dar”, de manera a partir de una base más pareja.
Maneras de financiar la educación y la salud son cuestiones que técnicos de esta área deberán debatir y considerar, pero una cosa es cierta: no se puede avanzar con la mitad de los jóvenes abandonados a su suerte.
Los temas microeconómicos de la educación, el acceso al trabajo digno, la seguridad social y la no discriminación laboral han sido temas centrales en occidentes, aún en los países más económicamente liberales; y quizás, solo quizás, de allí los buenos resultados que han obtenido.
La pésima calidad del gasto público, la falta de planificación del sistema educativo y la nula mirada en perspectiva de los temas que están relacionados con la formación de los niños y jóvenes son problemas estructurales que deben ser resueltos para avanzar hacia ese occidente que admiramos, y no retroceder hacia nuestro pasado que ha sido oscuro.
Por otra parte, según el INE, la mayoría de los jóvenes en nuestro país (48,6%) solo trabaja, mientras que el 20,9% solo estudia. Por su parte, los registros oficiales revelan que el 18,2% de la población estudia y trabaja, y el 12,3% se encuentra en la más preocupante situación de que no estudia ni trabaja (grupo conocido como “ni-ni”).
No se pueden concluir estas líneas sino con un mensaje de profunda preocupación por la situación actual de los jóvenes en el Paraguay, que acaso son el futuro, ¿o el presente?
Solo queda la pregunta abierta: ¿Hacia dónde vamos como país?
