ANÁLISIS
En Paraguay, la población de 65 y más años de edad suma 481.539 personas, según la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2020. De ellos, perciben ingresos por jubilación 48.938, lo que significa un 10,2% del total de los adultos mayores. A julio de este año, 233.995 están activos en el Programa de Pensión Alimentaria y 19.864 reciben algún otro tipo de pensión.
Estas cifras muestran que en nuestro país existen alrededor de 178.742 personas de 65 años en adelante que no perciben mensualmente una pensión ni cuentan con jubilación.
De hecho, de acuerdo a un reporte sobre informalidad realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al cierre del 2020, 58.710 personas de tercera edad están ocupadas informalmente.
Sin embargo, si realizamos la comparación del total de personas que no reciben pensión o jubilación contra los ocupados en la informalidad, aún quedan aproximadamente 120.032 adultos mayores que probablemente siguen activos en el mercado laboral formal o no cuentan con ningún ingreso.
Por otra parte, esta gran cifra también evidencia que el programa de pensión alimentaria implementado por el Gobierno Nacional no alcanza a una gran parte de la población adulta mayor de nuestro país.
En este punto, cabe mencionar que en la Ley N° 6381/2020 y su Decreto Reglamentario se establece que podrán acceder a la pensión alimentaria aquellas personas paraguayas nacionalizadas, con al menos 5 años de residencia; o extranjeras con al menos 30 años de residencia en el país; mayor de 65 de edad en situación de vulnerabilidad social.
Normativa
En esta línea, es importante recordar que en el 2019 el Congreso Nacional aprobó una modificación de la Ley N° 372812009, «Que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza”, y dispuso que esta ayuda alcance a todos los adultos en situación de vulnerabilidad social.
En principio, el Poder Ejecutivo había vetado parcialmente la iniciativa, argumentando que el programa de pensión alimentaria representa un costo anual de aproximadamente USS 200 millones y presentó un crecimiento interanual acumulado de 97% tan solo en los últimos cinco años.
Además, en su momento refirió que considerando la tendencia demográfica, el número de personas con 65 años pasará del 6% de la población al 13% en el año 2050, conllevando un sostenido crecimiento de la tasa de dependencia de la población adulta mayor, por lo cual se estima una creciente demanda de recursos para el financiamiento del programa, con un importante impacto fiscal de mediano y largo plazo.
Así también, se sostuvo que la sustitución del término «en situación de pobreza» por «en situación de vulnerabilidad social» podría dar lugar a múltiples y amplias interpretaciones, y que el Ministerio de Hacienda ha elaborado estimaciones de potenciales beneficiarios y el costo fiscal adicional que implicaría un aproximado de USD 415 millones para el periodo 2020 – 2024 (cinco años).
Actualmente, según Hacienda, el Programa de Pensión Alimentaria a Adultos Mayores representa el 97% del total de los subsidios otorgados por el Gobierno, a través de las pensiones no contributivas, los cuales demandan una inversión mensual promedio de G. 128.256 millones.
Pensión reduce desigualdad
En estos días, el Ministerio de Hacienda emitió un informe donde señala que la pensión alimentaria reduce la desigualdad en la población adulta mayor y que, si bien el monto del beneficio tiene como destinatario al adulto mayor, el aporte de la pensión a los presupuestos familiares tiene un importante impacto en la situación de pobreza.
La cartera económica utilizó datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), elaborados por el INE, para dar a conocer el efecto de la pensión en los hogares que tienen al menos una persona beneficiaria.
Hacienda destaca que el otorgamiento de la pensión para adultos mayores genera un importante efecto redistributivo en los hogares con beneficiarios. La mayoría de estos, que provienen de los quintiles 1 y 2 (donde se encuentra el 40% de los hogares con los ingresos más bajos), pasan a quintiles superiores.
Afirman que una significativa proporción de quienes estaban en el quintil 1, con el aporte de pensión pasan al quintil 2 y al quintil 3. De la misma forma, para una buena parte de quienes se encontraban en el quintil 2, el ingreso de la pensión los ha ubicado en el quintil 3 e incluso en el 4.
Exclusiones arbitrarias
Por otra parte, la semana pasada el Congreso Nacional sancionó un proyecto de Ley que establece condiciones y exigencias para la suspensión o exclusión de las personas adultas mayores del régimen de la pensión alimentaria. El documento se encuentra en manos del Poder Ejecutivo, que deberá promulgar o vetar.
Básicamente, la iniciativa establece una serie de requisitos para la suspensión del pago de la asistencia económica a los adultos mayores; esto, teniendo en cuenta las innumerables denuncias, provenientes de diferentes puntos del país, sobre exclusiones sin explicación alguna, de estas personas, de la lista de beneficiarios del plan social.
El documento refiere que un adulto mayor solo podrá ser excluido o suspendido en el pago: cuando reciba honorarios del sector público (sea salarios o haberes jubilatorios); cuando sea contribuyente del Impuesto a la Renta Personal (IRP); cuando, en su declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA), los ingresos sean superiores a dos salarios mínimos; cuando fueran beneficiarios de otros programas sociales; o por fallecimiento del beneficiario.
En caso de que se realice la exclusión sin cumplir estos requisitos, el responsable deberá pagar salarios caídos, o tener pena privativa de libertad de hasta tres años (o multa), según indica el documento.
Población adulta
Según el INE, en Paraguay 746.445 personas tienen 60 y más años de edad, de los cuales el 48,3% son hombres y 51,7% son mujeres. Así también, informa que el 61,7% viven en área urbana y en 38,3% habitan las zonas rurales.
Además, de acuerdo con los datos del Censo Nacional de Población y Viviendas realizado en el 2012, por cada 100 hogares de nuestro país, 28 tienen al menos una persona adulta mayor de 60 o más años de edad.
Los departamentos con mayor proporción de hogares con adultos mayores son Paraguarí (40%), Asunción (37,6%), Ñeembucú (36,2%) y Cordillera (36,1%).
En cuanto a la información proveniente de las Proyecciones de Población, en 2020 el país tiene 9,9% de adultos mayores de 60 o más años de edad, es decir, por cada 100 personas, 10 tienen 60 años o más.
Este porcentaje varía entre departamentos, donde Ñeembucú, Asunción y Paraguarí se encuentran entre los más envejecidos, con porcentajes que oscilan alrededor del 14% y el 15%.
