El último informe de Situación Financiera del Ministerio de Hacienda da cuenta de que el 67% de los ingresos tributarios se destinan actualmente a financiar servicios personales del sector público. En este sentido, la media del periodo comprendido entre el 2013 y el 2022 ha sido del 71% en la mencionada variable y los salarios representan un 42% sobre el gasto total del Estado.
En agosto de este año, una nueva administración tomará la posta del Poder Ejectuvio y así nace nuevamente el debate sobre cuál debe ser el camino a seguir en el ámbito. La ley de reforma del servicio civil será una herramienta para buscar una mejoría, aunque todavía queda por verse cuáles serán los lineamientos del gobierno de Santiago Peña en este aspecto.
En este contexto, la organización Desarrollo en Democracia (Dende) realizó la publicación de un nuevo análisis desde su Observatorio de Gasto Público, destacando que uno de los desafíos más importantes hacia adelante será el control del crecimiento de los gastos salariales en el sector público. El informe apunta que, en los últimos 22 años, el gasto en este componente ha crecido 8,3 veces en su tamaño.
Dende observa una mejoría en este asunto desde la implementación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y el informe separa dos periodos de manera clara, con la mencionada normativa siendo un punto de inflexión. En el periodo anterior (2000 al 2013), el gasto en salarios creció unas 4,9 veces, mientras que en el periodo posterior solo se ha expandido 1,7 veces.
El documento explica que la evolución de los gastos totales de nómina presupuestados para la Administración Central, en el periodo 2000 al 2022, ha seguido una tendencia ascendente, con un promedio de 10,4% cada año.
Por su parte, el gasto presupuestado en nómina en el 2000 fue de G. 2.464 mil millones, mientras que su valor ejecutado fue de G 2.401 mil millones. incrementándose luego a G. 19.998 mil millones para el 2022, y denotando así un incremento del 733% entre ambos valores ejecutados.
También cabe mencionar, citando al informe de la organización, que en la mayoría de los casos los incrementos del salario como componente del gasto público han sido superiores a la inflación del periodo anterior. Según Dende, una explicación para esto sería asumir que la variación respondería a la restitución de poder de compra de los ingresos de los funcionarios, así como el crecimiento vegetativo de las nóminas.
Todos los organismos y entidades de la Administración Central también presentaron una propensión al incremento gradual por año. “Como es evidente, el Poder Ejecutivo es el organismo con mayor cantidad de gastos ejecutados en nómina, explicados por la cantidad de dependencias incluidas dentro de la misma, mientras que el Poder Judicial y el Poder Legislativo se ubicaron en el segundo y tercer lugar respectivamente”, explica el documento.
Las entidades, por Poderes del Estado, que han tenido la mayor tasa de variación relativa (en %) en el periodo 2013-2022 en orden han sido las siguientes:
- En el Ejecutivo: Ministerio de Trabajo (203%), Ministerio del Interior (70%), Ministerio de Educación (68%), Vicepresidencia de la República (67%).
- En el Legislativo: Congreso Nacional (51%).
- En el Judicial: Ministerio Público (30%).
Discrecionalidad
Con base en esto, podría decirse que el manejo de la política salarial del sector público ha sido principalmente discrecional y no producto de una política de mantenimiento del salario real, o de protección del poder de compra de los ingresos de los funcionarios públicos.
En conversación con MarketData, el economista Manuel Alarcón Säfstrand, coordinador del Observatorio del Gasto Público de Dende, apuntó que el problema principal en torno a los aumentos salariales en el Estado es la discrecionalidad con la que se realizan. Al no existir una política pública clara con respecto a esto, el aumento de salarios no responde necesariamente a necesidades justificadas o a premiación por mejores rendimientos individuales.
“Cuando estamos hablando de que es el principal componente rígido del gasto del sector público, efectivamente es una preocupación, más aun cuando no se tiene de manera explícita una política sobre cuál va a ser su evolución hacia adelante. De ahí la importancia de tener una política de salarios explícita y una tentativa de hacia dónde vamos”.
Manuel Alarcón Säfstrand, economista de Dende.
Hizo énfasis en la necesidad de tener claro que hay un crecimiento vegetativo que es real, ya que la población va creciendo y así también se demanda una mayor cantidad de recursos humanos para proveer servicios. Sin embargo, esto debería ir acompañado de una política clara en lo que respecta a la evolución de gastos en salarios, lo cual no se ha logrado hasta el momento.
También consideró que esta ha sido una constante en las últimas décadas, por lo que no se puede atribuir el problema solamente a periodos electorales como el que ha pasado recientemente en nuestro país. A esto, añadió que la mayor discrecionalidad en las asignaciones se suele ver no en los salarios, sino en las bonificaciones otorgadas a funcionarios.
“En los últimos 20 años vemos que las bonificaciones tuvieron incrementos de más del 200%, ahí hay una clara tendencia al alza. No es claro si cambiaron las reglas de juego o simplemente han sido incentivos que se fueron dando. Son cuestionamientos que quedan allí”, reflexiona el economista.
Añadió que este es un tema de relevancia para toda la sociedad, y que el sector privado tiene una gran preocupación porque en el corto plazo se van a tener que tomar decisiones sobre el asunto. Recordó que existe un proyecto de ley para reformar el servicio civil, el cual es un tema de debate donde toda la sociedad debe intervenir para evitar los sobrecostos.
Sobre el mencionado proyecto de ley, dijo que desde la organización se encuentran analizando su alcance, pero que será importante saber cuál es la postura del nuevo Gobierno sobre el asunto. Así, dijo que no han observado líneas claras de la nueva administración del Ejecutivo sobre cuál será el camino a seguir en este sentido.
Salarios y bonificaciones
Por su parte, el informe de Dende separa los gastos presupuestados en salarios (remuneración básica) y bonificaciones; y cabe señalar que, si bien los gastos salariales han registrado una tendencia al aumento, en las bonificaciones se ha observado un “comportamiento disímil”.
Se verifican disminuciones (en los años 2001 y 2002, 2005, 2015 y 2016, y 2021) así como también incrementos (2003, 2004, 2006 al 2014, 2017, 2019, 2020 y 2022), aunque lo relevante de mencionar es que las bonificaciones debieron haber seguido una clara tendencia a la baja, especialmente luego de la implementación de la matriz salarial realizada en el año 2015.
Así, el salario básico promedio pasó de G. 1.438.956 en el 2003 a G. 5.123.763 en el 2022, con un incremento del 256% en el periodo. Por su parte, las bonificaciones promedio pasaron de G. 178.031 en el 2003, a G. 949.862 en el 2022, con una variación del 434%.
Como conclusión del informe se destaca, una vez más, la marcada tendencia hacia el alza del gasto en nóminas de la Administración Central, que también se repite para sus componentes de remuneración básica y de las bonificaciones que, a pesar de las expectativas de disminución de estas últimas, no se dieron con la aplicación de la matriz salarial desde el año 2015 como se había esperado.
Por último, se considera importante tener bajo control estos gastos relacionados con el pago al personal público, teniendo en cuenta que son erogaciones rígidas que comprometen las disponibilidades del Tesoro Nacional y, por ende, los recursos provenientes de los contribuyentes.
