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20 de julio de 2024

El ABC de la controvertida resolución de la Unión Europea y su impacto en la producción nacional

La resolución 1.115 de la Unión Europea entrará en vigencia el año próximo, la cual prohíbe la comercialización en el bloque de materias primas y productos derivados asociados a la deforestación y degradación ambiental.

El sector productivo local se muestra en contra de algunos puntos de la citada norma. Héctor Cristaldo, de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), cuestiona la trazabilidad solicitada, ya que no solo será del producto sino del entorno.

El pasado 31 de mayo del 2023, el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento 1.115, documento relativo a la comercialización en el mercado de la unión y a la exportación desde la Unión, de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal.

Básicamente, el documento prohíbe introducir, comercializar o exportar productos si no están certificados como libres de deforestación y que hayan sido producidos de conformidad con la legislación pertinente del país de producción. 

De esta manera, desde el 2025, los países que quieran exportar sus productos al citado bloque deberán cumplir con estas exigencias, teniendo en cuenta que este reglamento entra a regir oficialmente desde el próximo año. 

Los países como Paraguay deberán cumplir un sistema de «diligencia debida», que está compuesto por requisitos como: descripción de productos, cantidad y país de producción; geolocalización de parcelas; datos de proveedores e información que compruebe que los productos están libres de deforestación y conforme a la legislación del país de producción, etc.

La resolución 1.115, en el caso de nuestro país, afecta a los productores de soja y a los ganaderos. Los productores locales deberán también cumplir la “diligencia debida” cada vez que quieran comercializar con importadores europeos, explicaron desde la Unión Europea; y en caso de que un comprador no cumpla estas exigencias, se expondrá a duras sanciones. 

Es importante explicar que esta resolución no forma parte de las negociaciones que llevan adelante la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur), y regirá de igual forma por más que los dos bloques citados no lleguen a un acuerdo. En este punto, los gremios locales temen que este documento sea anexado dentro del acuerdo. 

La posición de la UE es firme con relación al cumplimiento de esta normativa, haya un acuerdo o no entre los bloques. Según Mateo Sartori, jefe de cooperación de la Unión Europea, es sumamente importante informar a la ciudadanía y a los productores que dicha reglamentación actualmente se encuentra en un proceso de adaptación.  

Explicó que los productores deberían regirse por las leyes paraguayas, no así por las europeas. Sin embargo, indicó que en Europa existe interés por la compra de productos de alta calidad, orgánicos, y que sean amigables con el medio ambiente, es por ello que uno de los pilares para las negociaciones es la producción sostenible. 

Además, dijo que esto representa una oportunidad para Paraguay, ya que al cumplir estos requisitos, también podría tener acceso a más mercados internacionales. Por ello, destacó la necesidad de seguir estableciendo diálogos con el sector productivo para establecer los mecanismos necesarios para alcanzar los estándares requeridos.

De hecho, actualmente se está analizando un ofrecimiento de la UE de una cooperación técnica y económica de unos 10 millones de euros, de manera a que nuestro país tenga un sistema de trazabilidad de su producción.

Posición de los gremios de la producción

Los productores locales se muestran en contra de esta resolución del bloque europeo.

Según el titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, el citado documento, que exige la libre deforestación o degradación forestal y existencias adicionales, generará sobrecostos al productor.

La trazabilidad solicitada, según dijo, es muy detallista, ya que no solo se pide sobre el producto que será exportado, sino también del entorno. Además, otro de los puntos criticados por los gremios es que la metodología de evaluación será determinada unilateralmente por la UE.

Cristaldo también explicó que la resolución 1.115 recoge un paquete de iniciativas políticas denominadas «Green Deal o Pacto Verde de la UE», una ley interna del bloque que abarca el clima, medio ambiente, energía, transporte, industria, agricultura y las finanzas sostenibles, todas ellas estrechamente relacionadas, y se pretende aplicar en terceros países.

En este punto, dijo que el Green Deal adopta principios de prevención (principio precautorio) y no reconoce otros sistemas de gestión de riesgos utilizados en otros países. Afirmó que el principio precautorio genera incertidumbre debido a decisiones «no basadas en ciencia».

Acotó que el principio precautorio es una interpretación unilateral y subjetiva que se contrapone a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Además, de que se impone a otras regiones criterios que no se corresponden con las circunstancias locales.

No obstante, el presidente del gremio de la producción sostuvo que están dispuestos a aceptar los puntos que son “razonables” y que el cumplimiento de las exigencias sean de manera gradual, pero que en este momento están con más dudas que certezas. Comentó que, bajo los términos actuales, la UE no quiere un socio comercial, sino “un abastecimiento casi colonial”.

Impacto económico 

Según explicó el titular de la UGP, el impacto económico en el corto plazo para nuestro país podría darse en los envíos de la soja a Argentina, que a su vez exporta harina de soja a Europa. 

Cristaldo dijo que Paraguay exporta unos 8 millones de toneladas de soja a la Argentina, de los cuales, alrededor de 2 millones el país vecino mezcla con su soja para producir la harina de soja enviada a Europa. 

Asimismo, dijo que según el boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP), al cierre del año pasado las exportaciones totales a la Unión Europea sumaron unos USD 480 millones.

Reconoció que, en términos de cantidad, el mercado europeo no representa un gran porcentaje, pero que es importante mantener el acceso de la mayor cantidad de mercados posibles. 

“El mercado no se va a cerrar. Se va a complicar, sí, porque estamos con una dinámica de varios años que funciona piloto automático y que vamos a tener encontrar nuevos rumbos si es que no hay flexibilidad”, finalizó. 

Reuniones de autoridades nacionales 

El jueves de la semana pasada, autoridades nacionales prosiguieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores con la reunión técnica a fin de avanzar con las definiciones en cuatro temas que son claves en la relación con la Unión Europea.

Al término del encuentro, el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, respecto a la resolución 1.115 del año 2023, dijo que «nuestra resolución es que el gobierno paraguayo tiene que construir el debido proceso para el cumplimiento de las exigencias de todos los mercados internacionales, incluido obviamente el de la Unión Europea”.

Refirió que, como segundo punto, se abordó el tema de la trazabilidad, que es clave para poder certificar en todos los ámbitos que el mercado internacional exige. “Hay sectores más avanzados y otros en proceso de evolución, y vamos a trabajar en idénticas condiciones con todos ellos”, manifestó.

La propuesta de cooperación de la Unión Europea es el tercer elemento analizado. “Hemos acordado avanzar con la cooperación, establecer una co-gestión de ese acuerdo de cooperación en manos del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Industria y Comercio como coordinadores, pero con una amplia participación tanto del sector público como del sector privado”, mencionó.

El canciller indicó, además, que para inicios de marzo se espera la visita de una delegación y, a confirmar, se espera también la visita del comisario de Medio Ambiente de la UE, Virginijus Sinkevičius, para trabajar con el Instituto Forestal Nacional (Infona) en los sistemas de monitoreo de la deforestación.

Por último, dijo que para la próxima semana se invitará a todos los gremios del sector privado para “abordar estas cuestiones en las que identificamos la necesidad de consensuar, de encontrar una visión compartida y una posición común que nos permita estar frente a las negociaciones internacionales sin fisuras en la posición de nuestro país”.

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