Los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) visitarán nuestro país en marzo próximo, a fin de corroborar cuán cierta es la información que se les remitió el año pasado sobre los mecanismos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Este examen concluirá en diciembre y, de salir airosos, Paraguay se ubicará entre los países que cooperan contra los mencionados delitos. De lo contrario, el resultado advertirá que la fragilidad de las instituciones no permite dar un paso adelante en este importante aspecto de la reputación internacional.
Estamos hablando de uno de los principales desafíos del país para el 2021 y de un proceso vital para exhibir una imagen de seriedad a los mercados internacionales, a fin de incrementar el atractivo para la inversión y lograr un mayor crecimiento económico.
Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), conversó con MarketData sobre estos puntos. Relata cómo será la visita in situ de los evaluadores de Gafilat, nuestros puntos fuertes y débiles como país, y el compromiso que deben tener tanto el Gobierno como el sector privado.
– Sabemos que la evaluación de Gafilat es uno de los principales desafíos del país, este año ¿Cómo están los preparativos?
En la segunda quincena de marzo, ellos (los evaluadores de Gafilat) van a venir aquí a instalarse por quince días y van a entrevistarse con cada uno de los actores del sistema. Básicamente, la finalidad de ellos va a ser corroborar que toda esta información que se estuvo generando ya en este año y un poco más de haber comenzado oficialmente la evaluación – porque hay que recordar que se inició en noviembre del 2019 – se estuvo realmente informando sobre todos los aspectos que ellos han requerido en su momento. Los evaluadores ya vienen con un informe del país, informe de riesgo y contexto de lo que el país ha respondido en este tiempo; y la metodología exige que ellos vengan, por eso es tan importante esta etapa de la metodología, porque ellos vienen personalmente a constatar todo aquello que se ha estado dando como insumo del país, si compadece o no con la realidad que ellos van a constatar.
Los evaluadores que vienen hacen un trabajo metodológico similar al de una auditoría; ante ese deber ser y el ser que encuentran realmente, los evaluadores vienen con la intención de encontrar los hallazgos pertinentes y que el país pueda posteriormente hacer su descargo. Yo siempre digo, y de la experiencia que hemos tenido con compañeros del Paraguay que han estado evaluando otros países – la más reciente es la de Chile, hace meses nada más –, que es una evaluación que viene con evaluadores con los dientes afilados, no es sencilla. Es una evaluación muy compleja, entonces hay que estar preparados. No obstante, nosotros tenemos una serie de elementos que nos hacen ser optimistas también en cuanto a cómo se va a ir desarrollando esa etapa denominada visita in situ.
“Ha habido avances. No son suficientes y no es algo privativo del Paraguay, en toda la región nunca alcanza, nunca es suficiente, siempre se espera más. Pero destaco el esfuerzo y el proceso que estamos viviendo”.
– Recuerdo que en la visita que hicieron al país los miembros del Gafilat, en noviembre del 2019, habían hecho mucho énfasis en el tema de las sanciones, los resultados. En este sentido, ¿considera que existen resultados y sanciones significativos que se puedan mostrar a los evaluadores?
Todo lo que se pudo ya recolectar en todo este tiempo, los evaluadores ya tienen, no solamente sanciones provenientes del Poder Judicial, sino también sanciones de carácter administrativo; por ejemplo, la última sanción que estableció el Banco Central del Paraguay (BCP) para una entidad de plaza, todos esos fundamentos y argumentos ya fueron arrimados a los evaluadores. La metodología permite que hasta la visita in situ se puedan agregar más resultados, que es lo que esperamos. Siempre uno quiere más, para asegurar también; pero creo que dentro del espectro y la realidad que tenemos, estamos haciendo y se están viendo los esfuerzos, eso necesariamente se tiene que traducir en esos resultados y existen. Existen los resultados y sobre todo parte de la evaluación metodológica de ellos consiste en ver la calidad de las resoluciones y, en este caso por ejemplo de la sanción que emitió el Banco Central, ellos van a analizar los fundamentos, como así también de las sentencias provenientes del Poder Judicial, ya han estado leyendo durante un año lo que se ha enviado. Por eso es tan importante esto, porque en la visita in situ van a venir a entrevistarse con cada uno de los actores del sistema: se van a entrevistar con fiscales, con jueces, con gente del sector público relacionado al ámbito financiero, sector privado también, van a estar corroborando y preguntando sobre esas resoluciones o esas sentencias. Como coordinador nacional, siempre estamos exigiendo más.
– Atendiendo a que es un ejercicio de imagen país en su conjunto, no solo de lavado de dinero, ¿cómo considera que vamos a quedar después de la evaluación, luego de tener el resultado del examen de Gafilat?
Hay varias posibilidades que pueden darse. Creemos que podemos pasar esa evaluación, no quedar en una lista gris y catalogado como un país no cooperante. Pero en un escenario más complicado podríamos quedar inclusive en un régimen, antes de entrar en una lista gris, en un régimen de seguimiento intensificado, con relación a ciertos puntos que la metodología del Gafi-Gafilat pone como ciertas factibilidades de poder corregir antes de tomar una determinación final. Son varios escenarios que se abren; no obstante, somos bastante positivos y optimistas de poder en diciembre del 2021 – que está previsto el pleno donde se va a decidir la suerte de Paraguay – aprobar esa evaluación. Para el caso que no se aprobara inmediatamente, hay un plazo donde generalmente, dependiendo de cuáles sean los factores a corregir, se le otorga al país para que pueda poner a punto, tanto en el aspecto técnico como en el de efectividad, las debilidades que detectan los evaluadores; para ese caso, tenemos que ir analizando situación por situación, de acuerdo a cómo se vaya presentando.
– En su opinión, ¿qué elemento podría llevarnos al status de seguimiento intensificado? ¿Dónde ve que todavía tenemos debilidades?
Hay supervisores ya muy experimentados, como son el BCP, la Superintendencia de Bancos; pero así también hay supervisores que están haciendo sus experiencias, no tienen todavía esa trayectoria en cuanto al entrenamiento y la dinámica de una supervisión. Son sectores obligados (a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero) que están supervisados en este caso por la Seprelad, algunos de ellos; también existen sujetos obligados de la Comisión Nacional de Valores, hay una serie de nuevas incorporaciones, se necesita el expertise, se necesita un proceso, pero se está sustituyendo con mucho esfuerzo por parte de todas las instituciones, donde se ve que realmente más allá de todo esto que es necesario en un tema tan complicado, capacitaciones y actualizaciones permanentes, se están haciendo las cosas. Más allá de toda esa casuística que estoy mencionando, me encuentro optimista en que vamos a poder superar esos sectores más vulnerables y algunos que tienen que ver, obviamente que es más complicado, con el tema que ellos llaman el cumplimiento de efectividad, que se traduce en los resultados concretos en sentencias condenatorias sobre todo, provenientes de lo que en su momento el país en el 2015 dijo que eran las amenazas principales, me refiero al narcotráfico, al contrabando, a la corrupción, etc.
“Dentro del espectro y la realidad que tenemos, estamos haciendo y se están viendo los esfuerzos, eso necesariamente se tiene que traducir en resultados».
– Yendo un poco a su experiencia en el accionar de la justicia, ¿cómo observa toda la cuestión de estado de derecho, seguridad jurídica? Tuvimos casos muy sonados como el de Oscar González Daher y otros relacionados con la administración pública, ¿cómo usted observa este panorama?
Ha habido avances. Si me preguntas si son suficientes, yo creo que no son suficientes y no es algo privativo del Paraguay, en toda la región nunca alcanza, nunca es suficiente, siempre se espera más. Pero destaco el esfuerzo y destaco el proceso que estamos viviendo, sobre todo hay una decisión con política institucional del Poder Ejecutivo de llevar adelante esto, es un camino sin retorno; por lo tanto, yo creo que más allá de todas las casuísticas que se puedan ir dando, hay una voluntad encaminada a que podamos como país lograr ese grado de inversión, que está muy vinculado también a que pasemos la evaluación, y vamos a seguir insistiendo desde donde nos toque actuar porque esto no tiene vuelta atrás.
– ¿Cuáles son los puntos fuertes de Paraguay en materia de prevención de lavado de dinero, que nos puedan llevar a un resultado satisfactorio en el examen de Gafilat?
Tenemos un paquete de diez leyes que se aprobaron: la ley que regula la inmovilización de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva; los procedimientos de difusión, inclusión y exclusión en listas de sanciones elaboradas en virtud de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esa es la Ley 6419, que fue aprobada en diciembre del 2019, muy importante; así también tenemos la ley 6452, que modificó varias disposiciones del Código Penal y la modificatoria del Código Penal del 2008. También hay otra ley, que es la 6497, modificó disposiciones de nuestra ley 1015 de Seprelad, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legalización de dinero o bienes; también tenemos la ley 6408, modificó el artículo 3ro. de la ley 4024, que era la del 2010, donde se castigaban los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo.
También tenemos la ley 6430, que previene, tipifica y sanciona los hechos punibles de cohecho transnacional y soborno transnacional, que no estaba previsto antes; tenemos también la ley que modificó el artículo 46 de la ley de Senabico; y la ley 6379, por la cual se crearon juzgados penales de garantías, de ejecución penal, tribunales de sentencia, tribunales de apelación penal, especializados en lavado de dinero, narcotráfico, anti secuestros, financiamiento del terrorismo, corrupción y crimen organizado, que era la exigencia de los estándares internacionales.
Hay una ley muy importante que yo quiero siempre mencionar, que tiene que ver con la número 6446, que creó el registro de personas y estructuras jurídicas y beneficiario final de la República del Paraguay; esa era una ley clave porque era una exigencia que se tenía ya desde hace tiempo, y permite sobre todo la transparencia sobre el beneficiario final de las sociedades, que antes eran anónimas, ahora ya no podrá haber acciones anónimas sino que todas van a ser al portador, nominadas, esa es una señal muy bien vista por los evaluadores.
“Podemos pasar esta evaluación, no quedar en una lista gris y catalogado como un país no cooperante. En un escenario más complicado, podríamos quedar en un régimen de seguimiento intensificado”.
– ¿Qué acciones destaca de la administración de Seprelad en el 2020 y qué tareas se impulsarán en el 2021?
Sacamos como Seprelad una serie de nuevas reglamentaciones, otras las hemos adecuado a los estándares internacionales exigidos; también se han dado señales muy importantes en ese sentido en el contexto internacional, se ha distinguido al Paraguay con la presidencia pro témpore del grupo de expertos en lavado de activos, que es el Gelavex, estamos ejerciendo esa presidencia por el término de un año, hemos asumido la presidencia hace un mes nada más y estamos trabajando intensamente. Dentro de la ejecución de los objetivos que nos hemos trazado en el plan de acción del Estado paraguayo, hemos ya sacado una serie de reglamentaciones que hacen a las cooperativas, al mercado de valores, a las casas de cambio, a la compra-venta de inmuebles, a la importación, la compra-venta de vehículos automotores, consignación de vehículo automotores, también al comercio de joyas, piedras y metales preciosos, juegos de azar, auditores externos especializados.
Tenemos en este momento en estudio la normativa que se refiere al sector de proveedores de servicios y activos virtuales, las organizaciones sin fines de lucro; después también algo que para nosotros es clave, para el país, que es el financiamiento de los partidos políticos, las casas de crédito y los clubes de fútbol. Estamos confiados. Sobre todo acá es clave el trabajo coordinado que se viene haciendo con las otras instituciones, y por supuesto es fundamental la complementación que debe haber de instituciones claves como la Fiscalía y el Poder Judicial.
Perfil
Nombre: Carlos Adolfo Arregui Romero
Formación profesional: Abogado, máster en Metodología del Derecho y Técnica Jurídica
Trayectoria: Fue fiscal adjunto de Delitos Económicos y Anticorrupción, asesor de la Defensoría Pública y Concejal Municipal de Asunción. En el gobierno de Mario Abdo Benítez, fue ministro asesor en el área de Transparencia e Integridad y ejerce el cargo de ministro secretario de Seprelad desde agosto del 2019
