El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó esta semana el decreto mediante el cual se reglamentó el Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2022 y si bien el documento mantiene algunas medidas de austeridad que ya se venían aplicando desde hace algunos años, estas no rigen para todos.
Restricciones a aumentos salariales, tanto para los funcionarios permanentes como contratados, prohibición de entrega de cupos de combustibles a autoridades nacionales y prohibición en compra de alimentos son algunas de las medidas que estipula el documento.
Sin embargo, estas restricciones no rigen para todos los poderes del Estado, ya que el año pasado, durante el estudio del documento del PGN, los congresistas se exceptuaron del punto que hace referencia a los nuevos nombramientos, promociones y nuevas contrataciones. El Poder Judicial también fue excluido.
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Esta no es la primera vez que los demás poderes del Estado se exceptúan de alguna medida restrictiva, ya lo han hecho en ocasiones anteriores, incluso con la Ley de la Función Pública.
No obstante, este año la ciudadanía debe prestar especial atención y más que nunca ejercer su rol de contralor de los gastos que realiza el Estado, ya que en el 2022 -específicamente el 18 de diciembre- se llevarán adelante las internas simultáneas partidarias.
De hecho, los diferentes precandidatos a la presidencia de la República ya están en plena campaña, al igual que otros políticos que buscan continuar en sus cargos o escalar de posición.
Hay que añadir que el próximo año serán las elecciones generales, época que se caracteriza por el despilfarro y, según denuncias publicadas por la prensa, los políticos hasta suelen tener acceso a fondos de las binacionales como método de financiamiento
Incluso, en años anteriores se podía observar el usufructo de bienes públicos a favor de ciertos candidatos.
Es por ello que el pueblo debe estar más despierto que nunca, velando por el uso correcto de los recursos, más aún en un periodo de pandemia y en fase de recuperación económica donde varios sectores siguen necesitando asistencia del Gobierno o flexibilizaciones en ciertos regímenes.
A todo esto también hay que sumarle que esta semana Transparencia Internacional publicó su informe de Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) del 2021, en donde Paraguay se volvió a ubicar como el segundo país más corrupto de la región.
Transparencia Internacional clasifica 180 países y territorios de todo el mundo según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público. Los resultados se dan en una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio).
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Es así que de un total de 100 puntos posibles, Paraguay tan solo obtuvo 30 puntos, que si bien en comparación con el informe anterior significa una mejora de 2 puntos, existen aún muchas tareas pendientes que se deben llevar adelante para mejorar el puntaje asignado a la imagen de nuestro país en este sentido.
