Por Enrique Eduardo Esquivel – Estudiante investigador
En este artículo, daremos un breve recuento de cómo Paraguay fue avanzando en cuanto a su institucionalidad, especialmente en las políticas económicas.
En los años 90, nuestro país abandonó el régimen cambiario; habíamos comenzado con la liberación de los mercados financieros y el régimen de privatización, aunque este último no siguió su curso. Destacan en importancia la Ley 489/95 Orgánica del Banco Central del Paraguay, así como la Ley 861/96 General de Bancos, Financieras y otras entidades de Crédito.
En los años 2000, avanzamos un poco más, con la Ley 1626/2000 de la Función Pública, una norma crucial para el acceso, permanencia y retiro de funcionarios del sector. Se creó el Fondo de Garantías de Depósitos, se reformó la Caja Fiscal y se modificó la ley de Compras Públicas en 2022.
Entre 2001 y 2003, enfrentamos varios problemas económicos derivados del manejo político, y nuestro sistema tributario sufrió algunas modificaciones en ese momento, incluida la creación del nuevo Código Aduanero, entre otros cambios.
En la década de 2010, el Banco Central del Paraguay adoptó por primera vez el esquema de Metas de Inflación, vinculándolo a la política monetaria del país. Se avanzó en el impuesto sobre la renta de las personas (IRP) y se promulgaron leyes importantes que transformaron principalmente la política fiscal. Destacan la Ley de Responsabilidad Fiscal, con un tope del 1,5% del producto interno bruto (PIB), la Ley de Asociación Público Privada y la Ley del Acceso a la Información Pública, que permite brindar información relevante sobre el uso y manejo de los recursos del Estado a la ciudadanía.
Al observar algunas de estas reformas, surge la pregunta de cómo mejorar la burocracia o el funcionamiento del Estado. Es un tema que se discute constantemente, no solo en nuestro país sino también a nivel regional.
En este proceso, Paraguay avanzó en cómo mejorar su burocracia, pero esta ventaja tiene algunos riesgos y también fortalezas.
Entre 2013 y 2015, se avanzó en el ordenamiento de la estructura salarial en el sector público, comúnmente llamado matriz salarial. Esto aumentó la competitividad para acceder a cargos gerenciales a nivel directivo y brindó oportunidades a muchos funcionarios públicos que estaban en cargos técnicos para asumir desafíos a nivel de direcciones.
Se aplicó la sistematización de la inclusión de la competencia, como las habilidades, y se avanzó significativamente en el proceso de concurso. Sin embargo, muchos de estos procesos están regulados por normativas que no son fuertes a nivel jurídico, como resoluciones, decretos e incluso dentro de leyes.
Por eso, es importante avanzar en un proceso de reforma de la Ley 1626, aprobada en el año 2000 y que ya tiene un poco más de veinte años. Necesitamos mejorar esa burocracia para que las personas más capacitadas accedan al servicio público y reciban una remuneración adecuada.
Otro cambio importante se produjo en el área de compras públicas.
En 2022, se modificó la Ley 2051, eliminando totalmente la discrecionalidad del funcionario público a través de principios que limitan su accionar. Por ejemplo, se establecen artículos vinculados al conflicto de interés, evitando que el funcionario público que realiza compras tenga una empresa proveedora de la misma institución donde trabaja. Se establecen buenas prácticas para mejorar el sistema de compras.
La inversión pública es otro aspecto fundamental cuando hablamos de buenas prácticas en el Estado. Es crucial tener una Ley de Inversión Pública sistematizada y actualizada. El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) cumplió diez años el año pasado.
El recorrido histórico de Paraguay en términos de políticas institucionales y económicas revela una evolución significativa a lo largo de las décadas. Desde la liberalización de los mercados financieros en los años 90 hasta las reformas clave en la función pública y las compras públicas, el país ha enfrentado desafíos económicos y políticos que han moldeado su actual estructura burocrática.
A pesar de los avances, se destaca la necesidad de una revisión exhaustiva de la Ley 1626, vigente desde el año 2000, con el objetivo de fortalecer la burocracia y asegurar que las personas más capacitadas accedan al servicio público, contribuyendo así a un funcionamiento más eficiente y transparente del Estado.
Adicionalmente, la reciente modificación en la ley de compras públicas, eliminando la discrecionalidad y estableciendo principios éticos, representa un paso significativo hacia la mejora continua del sistema. Sin embargo, se hace evidente la importancia de consolidar estas reformas en marcos jurídicos sólidos para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
Para nuestro país, el desafío radica en mantener un equilibrio entre la agilidad del proceso burocrático y la solidez legal, asegurando que las instituciones estén bien estructuradas y desempeñen sus funciones de manera eficaz, promoviendo así un Estado más eficiente y orientado al servicio público.
