La aplicación de los descuentos a los altos salarios en el sector público generó un ahorro de G. 32.691 millones (USD 4,7 millones en el cambio actual) en tres meses, según detalla el Ministerio de Hacienda en la segunda edición de su informe “Paraguay ante la Pandemia”, presentado este viernes.
El reporte desglosa que, de ese total, G. 9.812 millones (USD 1,4 billones) provinieron del descuento aplicado a funcionarios de Organismos y Entidades del Estado (OEE) que operan con la Dirección General del Tesoro Público (DGTP). Asimismo, G. 7.226 millones (USD 1 millón) fueron descontados a funcionarios de la Itaipú Binacional; G. 6.545 millones (USD 90.000), a funcionarios de Yacyretá; y G. 9.108 millones (USD 1,3 millones), a empleados de otras entidades descentralizadas.
La medida había sido aplicada en el marco de la racionalización y el redireccionamiento de gastos, ante la necesidad de recursos generada por la pandemia. La misma estipuló dos escalas: la primera, basada en un descuento del 10% sobre la remuneración de todos los funcionarios públicos que perciben entre cinco y diez salarios mínimos; la segunda, en un descuento del 20% para los que ganen más de diez salarios mínimos.
Esto también alcanzó a los funcionarios de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, pero de manera opcional, donde el propio funcionario de cada una de las hidroeléctricas debía autorizar el descuento debido a que, tanto Itaipú como Yacyretá, poseen independencia presupuestaria, según habían explicado en su momento desde el Fisco.
El informe “Paraguay ante la Pandemia” también desarrolla otras acciones, medidas y gastos ejecutados hasta el primer semestre de este año.
En ese sentido, sostiene que la cuarentena implementada a solo días de comprobarse el primer caso positivo de COVID-19 en Paraguay tuvo efectos positivos para controlar el contagio, pero reconoce que el aislamiento social y la paralización de actividades económicas generaron pérdidas de empleo y reducción de los ingresos laborales de las personas y de los hogares. Esto apunta a aumentar la tasa de pobreza y pobreza extrema en el país, menciona el documento.
También destaca la creación del fondo de emergencia sanitaria por USD 1.990 millones que, según Hacienda, sirvió como contingencia ante los fuertes efectos generados por la COVID-19 en el país, detallando solo los montos desembolsados y obviando resultados relacionados con acciones como la baja utilización del Fideicomiso Fisalco y la lenta aprobación – según el gremio de mipymes – de operaciones correspondiente al Fondo de garantía para las mipymes (Fogapy).
Por último, ya en la parte final, el informe indica las cualidades del plan de reactivación económica, que se dio a conocer el 29 de junio pasado, pero que hasta la fecha no fue presentado oficialmente al Congreso Nacional para su estudio y aprobación.
Este plan contempla un monto global de USD 2.513 millones, enfocado en tres pilares fundamentales: inversión en obras públicas, capitalización de bancas estatales y ayudas crediticias, y protección social, acompañada de formalización de trabajadores informales. Dentro del mismo también se incorpora un nuevo paquete de deuda pública, por unos USD 350 millones.
