El Fondo Monetario Internacional (FMI), emitió un informe de asistencia técnica-marco de resolución bancaria y fondo de garantía de depósitos. El documento fue elaborado en base a la información disponible a julio de este año.
Según detallaron, la misión se llevó a cabo a distancia y participó en debates sobre políticas con las autoridades, con el fin de adoptar prácticas internacionales modernas de preparación y gestión de crisis. Se basó en las recomendaciones de la Revisión de la Estabilidad del Sistema Financiero (FSSR).
La misión identificó varias áreas en las que el marco existente de los fondos de garantías de depósitos (FGD) y de resolución bancaria de los bancos. También aportó información sobre la preparación ante las crisis.
En este sentido, en cuanto a la preparación y la coordinación para las crisis, la misión formuló recomendaciones en cuatro áreas, señalando primeramente que los acuerdos institucionales podrían mejorarse.
“Si bien se ha creado un Comité de Estabilidad Financiera (CEF) y un «Comité de Crisis», las autoridades deberían evaluar las ventajas de proporcionar un régimen jurídico sólido que incluya un mandato claro y una mejor delimitación de las funciones y responsabilidades”, manifiesta.
Agrega que el Banco Central del Paraguay debe considerar desarrollar un proceso continuo de recuperación y planificación de la resolución y sustentarla en su marco regulatorio, en línea con prácticas modernas internacionales.
Enfatiza en que todos los bancos bajo la supervisión de la superintendencia de bancos deben desarrollar planes de recuperación, proporcionales a su tamaño y complejidad, la cual será evaluada por la SB.
Además, resalta que la coordinación transfronteriza es primordial para Paraguay, dada la importante presencia de grupos bancarios internacionales en el sistema financiero paraguayo.
Asimismo, que las comunicaciones efectivas son un elemento clave que requiere una estrecha coordinación. Se debe considerar el método de comunicación de una sola voz con el público, y la preparación anticipada es primordial para garantizar un proceso sin problemas para las comunicaciones en el caso de una situación de crisis.
Marco jurídico del seguro de depósitos
En otra parte, el documento menciona que el marco de operaciones del FGD (aportes y cobertura) debe ser mejorado. La introducción en la legislación de fuentes de respaldo de energía alternativa podría considerarse la financiación de liquidez.
“Para fomentar la disciplina de mercado, también se recomienda excluir tipos específicos de depósitos de la cobertura del FGD (p. ej., depósitos interbancarios, depósitos de ministerios y departamentos gubernamentales, y depósitos de los gobiernos regionales, provinciales, municipales y otros organismos públicos)”, recomienda.
Además, menciona que el período máximo de reembolso debe reducirse a siete días hábiles.
Añade, que las autoridades deberían considerar la eliminación del mecanismo de compensación antes de los pagos (si se mantiene, debe limitarse solo a las reclamaciones vencidas y préstamos).
Finalmente, que los arreglos institucionales del DGF deben revisarse ya que este debe ser operativamente independiente y protegido contra interferencias externas, con salvaguardas para evitar y mitigar posibles conflictos de interés.
Postergar tratamiento de la Ley sobre haberes jubilatorios
Por otra parte, este martes, la Comisión de Cultura, Educación, Ciencias, Tecnología y Deportes de la Cámara de senadores analizó el proyecto de Ley «Que regula el régimen de actualización de los haberes jubilatorios de los funcionarios y empleados públicos jubilados de la Administración Central y del Servicio Civil”.
En la reunión, autoridades del Poder Ejecutivo, como así también representantes del sector civil brindaron sus pareceres en referencia al articulado del documento, y se acordó solicitar al Pleno del Senado su postergación por 90 días.
En ese sentido, durante el encuentro los presentes estuvieron de acuerdo en la necesidad de realizar ajustes a la propuesta legislativa, presentada por el senador Martín Arévalo, con el propósito de que se garantice el equilibrio justo en los haberes jubilatorios, para los docentes y funcionarios de la administración pública.
