Buenos Aires, 24 nov (EFE).- Acreedores privados que aseguran poseer bonos de 12 provincias de Argentina por unos 3.000 millones de dólares crearon una coalición y emitieron este martes una «declaración de principios» con vistas a las reestructuraciones de esos títulos emitidos en moneda extranjera.
La denominada Coalición de Bonistas de Provincias Argentinas lanzó además un sitio web para que inversores individuales e institucionales con bonos provinciales en sus carteras estén al tanto sobre los procesos de reestructuración en cada distrito de Argentina.
En un comunicado, el grupo dijo que ha sido creado por inversores institucionales que poseen unos 3.000 millones de deuda provincial y que su fin es «interactuar, en nombre de estas instituciones, con actores clave en este proceso, como los comités de acreedores, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones financieras internacionales, agencias de desarrollo y crédito bilateral, Gobiernos involucrados, medios de prensa y otras organizaciones».
En su sitio web, la coalición aclara que no participa en negociaciones bilaterales de deuda con las provincias, ya que esas conversaciones son conducidas por comités de bonistas en cada caso específico.
Sin embargo, el grupo dijo que abogará porque sus «principios básicos» se observen en todas las reestructuraciones.
Las deudas alcanzadas en los distintos procesos de reestructuración en curso o por iniciarse corresponden a las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y Tierra del Fuego.
Según la coalición, en los últimos cinco años inversores institucionales prestaron a estas provincias argentinas fondos por unos 10.000 millones de dólares.
Los acreedores señalaron que muchas de estas provincias han mantenido históricamente bajos niveles de endeudamiento y tuvieron acceso al mercado de capitales debido a su «responsable manejo de la deuda», incluso en períodos en los cuales Argentina -que reestructuró su deuda con acreedores privados en septiembre pasado- estuvo en cese de pagos.
Sin embargo, apuntaron, algunas provincias «han aprovechado la ocasión para incumplir sus obligaciones de deuda de manera unilateral y oportunista», en muchas ocasiones «instigadas por el Gobierno nacional, quien ha buscado imponer pérdidas importantes a los acreedores».
PRINCIPIOS BÁSICOS
A juicio de la coalición, el acceso de las provincias argentinas al mercado de capitales en el mediano y largo plazo «está siendo frustrada por una visión política de corto plazo y un indiscriminado repudio a los contratos vigentes entre las provincias y sus acreedores».
El grupo considera que cualquier proceso de reestructuración provincial debe respetar ciertos «principios básicos», como su real «necesidad» y la ausencia de «interferencias».
Los acreedores consideran que los canjes solo deberían hacerse «en casos extremos» y que las «reestructuraciones oportunistas de deudas sostenibles son inaceptables y deberían ser rechazadas».
Por lo demás, entienden que, de ser realmente necesarias, las reestructuraciones «se tienen que dar en un contexto de transparencia y de negociación de buena fe y deben estar libres de injustificadas interferencias de terceros, incluyendo al Gobierno nacional».
