Montevideo, 25 abr (EFE).- Miles de trabajadores se movilizaron este martes en Uruguay en el marco del paro general convocado por la central sindical, el PIT-CNT, para expresar su rechazo al proyecto de reforma jubilatoria del Gobierno, que entienden «socialmente ineficiente» y «contra la gente».
En una jornada marcada por la votación en la Cámara de Representantes del proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo del centroderechista Luis Lacalle Pou, el poco movimiento en las calles de la capital uruguaya, con escuelas, bancos y oficinas públicas cerradas, acaparó la atención.
Es que, con banderas y pancartas, trabajadores de áreas como el transporte, la salud, la educación, las oficinas públicas y la banca decidieron unirse al paro de 24 horas y concentrarse en los alrededores del Palacio Legislativo, donde el PIT-CNT convocó a un multitudinario acto por el «No a la reforma jubilatoria».
La oratoria, de la que participaron integrantes de organizaciones sociales como la Federación de Estudiantes Universitarios y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, tuvo como cierre un discurso del vocero de la central sindical Sergio Sommaruga, quien hizo hincapié en los motivos de rechazo al proyecto.
«Esta reforma no es para la gente sino contra la gente (…), no es ni justa ni democrática ni mucho menos solidaria pero además es socialmente ineficiente», enfatizó, a lo que cuestionó que se pueda defender una reforma que hace que la «inmensa mayoría» tenga que «reventarse el lomo hasta los 65 años» para poder jubilarse.
«¿Está bien que el país le devuelva a los trabajadores después de una vida de trabajo más años de trabajo, de explotación? ¿Hace más justa esta sociedad? No, claro que no», valoró quien también indicó que el proyecto oficialista «va a acentuar el problema del desempleo juvenil» por enlentecer el reemplazo laboral.
Tras apuntar además contra las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), que, dijo, «ya se llevan 1.200 millones de dólares al año» y serán beneficiadas aún más por gestionar el dinero de las futuras jubilaciones con la ley, Sommaruga recalcó que el Gobierno basó la iniciativa en escuchar a «una minoría privilegiada».
«Se olvidan de que en este país hay condiciones para pensar otra reforma jubilatoria; pero claro, ahí no hay que castigar a los de abajo», lanzó quien aludió también a que el aumento de la edad jubilatoria de 60 a un máximo de 65 años quita «tiempo de vida» a los trabajadores que deberían ser de disfrute.
Esta tarde, los diputados comenzaron a votar el articulado del proyecto, que tuvo media sanción pero sufrió modificaciones por disyuntivas dentro de la coalición oficialista.
Creada con el aval de una Comisión de Expertos en Seguridad Social, la reforma fue calificada como «necesaria» y «solidaria» por Lacalle Pou, quien ha destacado su aprobación como una de las grandes prioridades de su mandato.
Sin embargo, no es acompañada ni por la opositora coalición de izquierdas Frente Amplio, que gobernó entre 2005 y 2020, ni por los sindicatos.
