Los diputados, en la sesión ordinaria de este miércoles, dieron media sanción al proyecto de ley “Que modifica los artículos 2, 5, 6, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26 y 28 de la Ley N° 5.452/15, que regula los fondos patrimoniales de inversión”.
Según la exposición de motivos del documento, los fondos patrimoniales de inversión son aquellos que se forman con recursos monetarios de personas físicas o jurídicas y que son captados por sociedades especializadas exclusivamente en la administración de los mismos, para ser invertidos por cuenta y riesgo de los partícipes, aportantes o cuotapartistas.
Afirman que en nuestro país va en auge y en constante aumento la cantidad de personas que ven a los fondos patrimoniales de inversión como un mecanismo de negocio y/o alternativa a los depósitos en entidades financieras, por lo que, consecuentemente, urge establecer medidas que acompañen a desarrollar los fondos patrimoniales de inversión.
En el documento se asegura que las modificaciones están basadas en las propuestas que han sido presentadas por sectores afectados. “Estas consisten básicamente en ampliar las posibilidades de intervención de las sociedades administradoras de fondos en distintos sectores, facultando a realizar actividades que inicialmente no fueron previstas, pero que hoy se estiman necesarias”, detallan.
Durante la sesión, el diputado Walter Harms (ANR), proyectista, destacó que las modificaciones planteadas darán seguridad jurídica a los inversionistas.
“Lo que se pretende es que las empresas puedan tener la posibilidad de que sus accionistas puedan participar en el negocio de la inversión de manera segura”, esgrimió.
Mencionó que se trata de un trabajo basado en recomendaciones de la Comisión Nacional de Valores; hoy, Superintendencia de Valores.
“Nos pidieron que se modifique la nomenclatura, en los artículos donde se los cita. Por ende, la modificación planteada al dictamen es que la frase Comisión Nacional de Valores, sea reemplazada por Superintendencia de Valores”, acotó.
Además, agregó que el Banco Nacional de Fomento (BNF) se encargará de la reglamentación posterior.
El plenario dio visto bueno a las apreciaciones y determinó la media sanción, por lo que el documento fue remitido a la Cámara de Senadores para su análisis.
Ampliación presupuestaria para Itapúa
Por otra parte, el pleno de la Cámara Baja dio media sanción al proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023, aprobado por Ley N° 7.050 del 4 de enero de 2023 – Gobierno departamental de Itapúa”.
La ampliación solicitada asciende a la suma de G. 223.609.005 en la Fuente de Financiamiento 30 (Recursos Institucionales). Según explicaron, esto permitirá cubrir la diferencia salarial de los jornales por efecto de la variación del salario mínimo legal vigente.
Interpelación al Ministro de Justicia
En la sesión de la fecha, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de resolución “Que cita e interpela al abogado Ángel Ramón Barchini, ministro de Justicia”, por lo que esta iniciativa se remite al archivo.
Al respecto, el diputado Roberto González (ANR), por la Comisión de Asuntos Constitucionales, recomendó la aprobación del documento, al no encontrarse reparo alguno, ni impedimento constitucional, según dijo.
Esta sugerencia fue secundada por el diputado Raúl Benítez (PEN), quien mencionó que tras los últimos hechos acontecidos, como la toma del Penal de Tacumbú, amerita conocer si el ministerio en cuestión tiene un plan para mejorar la situación penitenciaria del país.
Sin embargo, el legislador Marcelo Salinas (PLRA), aseguró que una interpelación al Ministro de Justicia no servirá de nada si no se soluciona el problema de raíz.
Propuso que, lo antes posible, se analice en Cámara de Diputados lo concerniente a la carta orgánica penitenciaria, de manera a dar herramientas a esa institución.
Por su parte, el diputado Guillermo Rodríguez apuntó que el tema de las penitenciarías es muy complejo y difícil. Luego expuso dudas respecto a que la interpelación sea el camino correcto en este momento.
Finalmente, luego de un extenso debate, el plenario de la Cámara Baja rechazó el proyecto de ley.
