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7 de diciembre de 2022

Pese a imputación, Diputados rechazaron intervención de la Gobernación de Central

La Cámara Baja rechazó ayer el pedido de intervención de la Gobernación del Departamento Central, administrada por Hugo Javier González, imputado por supuestos desvíos de los fondos COVID-19.

También, decidieron postergar el tratamiento del proyecto de ley “De los juegos de azar y su regulación” y Hacienda insta a la aprobación de la ley de compras públicas, en el Senado.

Con 42 votos en contra, 31 a favor y siete ausentes, la Cámara de Diputados rechazó ayer el pedido de intervención de la Gobernación del Departamento Central, administrada por Hugo Javier González. Un extenso debate precedió la decisión asumida en ocasión de una sesión extraordinaria.

El gobernador de Central está imputado por supuestos desvíos de los fondos COVID-19. Los supuestos hechos punibles son lesión de confianza, declaración falsa, manipulación de graficaciones técnicas, producción de documentos no auténticos, y frustración de la persecución y ejecución penal.

Cabe recordar que, en julio de este año, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) presentaron una denuncia ante el Ministerio Público por supuestas irregularidades en la gestión de fondos provenientes de la Ley N°6641/20 y asignados al citado departamento. 

La mencionada Ley de Emergencia Nacional por COVID-19 había establecido que las gobernaciones (entre ellas la del Departamento Central) reciban USD 1 millón para hacer frente a la emergencia sanitaria y las consecuencias sociales y económicas causadas por la enfermedad.

La Gobernación de Central habría presentado facturas falsas en su rendición de cuentas y, supuestamente, también habría sobrefacturaciones en obras llevadas adelante.

Argumentos para rechazar la intervención

Durante la discusión en la sesión de ayer, el presidente de la comisión especial conformada a los efectos de analizar el pedido de intervención, diputado Ángel Paniagua (ANR), explicó que se procedió a la verificación in situ de las obras que fueron denunciadas por supuestas irregularidades y afirmó que las mismas sí existen, ya que habían sido calificadas de “fantasmas” en el seno de la Junta Departamental del undécimo departamento.

Reiteró que la imputación presentada por el Ministerio Público, contra el gobernador Hugo Javier González -por los presuntos delitos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal-, deberá ser resuelta en los organismos competentes.

Seguidamente, el diputado Derlis Maidana (ANR), integrante del estamento especial y titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, afirmó, en el mismo sentido, que las obras denunciadas sí existen.

Acotó que no hubo doble pago por esas obras y que dicha situación no fue informada por la Contraloría General de la República, en todo caso.

Por otro lado, los diputados Edgar Acosta (PLRA); Rocío Vallejo (PPQ); Sebastián García (PPQ); Rodrigo Blanco (PLRA); Kattya González (PEN), entre otros, coincidieron en que existen importantes inconsistencias e irregularidades en la administración de los recursos públicos.

Señalaron que estos hechos fueron confirmados por la Contraloría General de la República y la Auditoría General del Poder Ejecutivo, al tiempo de recordar el acta de imputación por parte del Ministerio Público, al gobernador González.

Tras el intercambio de opiniones, el plenario de la Cámara Baja, finalmente, optó por rechazar el pedido de intervención y dicho documento fue remitido al archivo.

Postergan proyecto sobre regulación de juegos de azar

También en la sesión ordinaria de ayer (la última del año), los diputados decidieron postergar el estudio del proyecto de ley “De los juegos de azar y su regulación”. La determinación adoptada es de manera a seguir convocando a los sectores que serían afectados con la citada iniciativa, según se explicó desde el órgano legislativo. 

El proyecto tiene por objeto la regulación de todas las actividades de juegos de azar desarrolladas en el territorio nacional, incluidas las gobernaciones y municipalidades, a fin de velar por el orden público, brindar seguridad jurídica a los concesionarios y salvaguardar los derechos de los participantes.

“El acuerdo de aplazar la iniciativa se da con la intención de conformar una mesa técnica que pueda unificar las propuestas, ya que los afectados presentaron una serie de modificaciones al texto original”, dijo el diputado Derlis Maidana (ANR).

En esta línea, el diputado recordó que esta semana realizaron una reunión que contó con la participación del viceministro de Tributación, Oscar Orué; el titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui;  el presidente de la Cámara Paraguaya de Juegos de azar, Aníbal Salomón; la representante de la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar, Lorena Rojas; así como miembros del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Quiniela y Afines; y de la de la Asociación de Empresarios de Juegos de Azar.

“La SET se mantuvo en su parecer de postergar el estudio, ya que  la implementación, con el texto actual, se dificulta porque se crea una nueva institución y eso tendrá un impacto presupuestario. Luego de esto, conformamos una comisión técnica para ajustar el texto de manera a quitar un documento provechoso para la ciudadanía”, reiteró.

Senado analizará nueva Ley de Compras Públicas

Por otra parte, en el orden del día de la sesión de este jueves de la Cámara de Senadores figura el tratamiento del proyecto de Ley “De Suministro y Contrataciones Públicas”, presentado por el Poder Ejecutivo. 

De hecho, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, mantuvo una reunión con el titular de la Cámara Alta, Óscar Salomón, esta semana, a fin de solicitar que la iniciativa ya tenga media sanción. 

Según explicaron desde la cartera fiscal, el proyecto de Ley de Compras Públicas apunta a una mayor eficiencia y transparencia del Estado. Además, con esta propuesta de Ley, el Poder Ejecutivo pretende dar un paso importante en el proceso de transformación y reforma del Estado, compromiso asumido en la agenda de Gobierno.