El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó ayer el proyecto de Ley que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflicto de intereses en la Función Pública.
La iniciativa incluye como sujetos obligados desde el jefe de Estado, miembros del Congreso, ministros de la Corte Suprema, asesores presidenciales, ministros del Poder Ejecutivo hasta funcionarios que por facultad decisoria tienen procesos administrativos en los que se ve comprometido el patrimonio del Estado.
En conferencia de prensa, los ministros Hernán Hutteman, jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, y René Fernández, Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), detallaron los alcances del proyecto.
Huttemann dijo que el proyecto prevé, en primer lugar, la presentación de la declaración jurada y conductas prohibidas, como participar en cualquier sociedad comercial.
“Como primera medida está la presentación de la declaración jurada, también se establecen conductas prohibidas para los funcionarios públicos, como participar de cualquier sociedad comercial que opere en el ámbito en el que uno tiene algún tipo de poder de decisión o competencia. También se prevé la prohibición de que uno pueda ser proveedor del Estado, o a través de terceros, dentro de ese ámbito del que uno tiene competencia, poder de decisión o supervisión”, detalló.
Destacó que el documento incluye igualmente deberes de abstención para los funcionarios del Estado, en procesos en los que participen empresas del que uno fue parte, de personas a quienes uno le prestó algún servicio profesional o con quien uno tiene un pleito. “Lo que sucede hoy con los magistrados en sus deberes de excusarse, eso mismo se trasladaría a los funcionarios públicos”, añadió.
“La puerta giratoria”
El secretario de Estado refirió asimismo que el proyecto de Ley establece límites al funcionario que ingresa a la Función Pública y accede a datos privilegiados que puede utilizar para otros fines a su egreso, como en el caso denominado “la puerta giratoria”.
“También por primera vez se prevén límites al egreso de la Función Pública. Esto se discute mucho en otros países, el famoso caso de “la puerta giratoria”: cuando uno ingresa a la Función Pública, accede a mucha información privilegiada que luego utiliza para otros fines cuando apenas sale de la Función Pública. El límite se establece en la Ley”, especificó.
Facultad del Presidente de la República
El alto funcionario aseveró que también se establece la facultad que tendrá el jefe de Estado y titulares de otros poderes del Estado, para investigar los vínculos de las personas antes de que sean nombradas.
“También tenemos en el proyecto la facultad que tendrá el presidente de la República y los titulares de otros poderes del Estado, de consultar a la Secretaría Nacional Anticorrupción sobre los vínculos que tienen las personas, antes de nombrarlas. Esto no implica que el funcionario no sea nombrado, sino tener claro cuáles son sus vínculos, sus relaciones y cómo eso puede incidir a la hora de tomar una decisión”, puntualizó.
También informó que la iniciativa define que las autoridades de aplicación serán la Secretaría Anticorrupción, en el ámbito del Ejecutivo, y la Contraloría General de la República, para las gobernaciones, municipalidades y otros organismos.
Por su parte, el ministro René Fernández destacó que el proyecto prevé un aspecto sancionatorio ante el incumplimiento de las obligaciones.
Resaltó que la presentación de una declaración jurada tardía, falsa o con datos falsos, puede ser sancionada con hasta 200 jornales mínimos e inhabilitación para cumplir funciones públicas de hasta cinco años.
Cuestionan que senador forme parte de la terna para ministro de la CSP
Por otra parte, distintos gremios de la producción, mediante un comunicado, cuestionaron que el senador liberal Víctor Ríos forme parte de la terna para ministro de la Corte Suprema de Justicia.
En el comunicado, los gremios enfatizan que la justicia no debería tener colores o pertenecer visiblemente a un sector determinado, incluyendo el de los gremios. “La justicia debe estar representada con experiencia y conocimiento”, reclaman.
Afirman que estamos ante una terna en la que no figuran los candidatos con mayor puntaje y en la que sobresale “alquien que hoy es senador activo, poniendo en peligro el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho”, advierten.
Agregaron que, independientemente de la solvencia académica e intelectual que pueda tener el senador Víctor Ríos, “¿Cómo seguir esperando una justicia para todos si estos cargos terminan siendo cupos? La percepción de un acuerdo político es muy elevada y eso genera desconfianza de los sectores que necesitan seguridad jurídica, es decir, de toda la sociedad”.
“Además de tratarse de un pacto político, se hace sobre bases coyunturales que puedan cambiar y que a largo plazo podrían exponer el equilibrio en defensa a la propiedad privada y respecto a las leyes vigentes”, añaden.
Resaltaron que la independencia del Poder Judicial es pieza fundamental para sostener el Estado de Derecho como principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y hasta el propio Estado están sometidos por medio de leyes vigentes.
“Si la representatividad ante la Corte Suprema de Justicia se ve arrebatada por acuerdos políticos, se desvirtúa el contrato social por el cual cedemos algunas libertades por el bien común de todos los ciudadanos”, afirmaron.
Por último, manifestaron que la figura de ministro o ministra de la Corte Suprema de Justicia debe responder a las necesidades técnicas, profesionales, académicas y de honorabilidad de su investidura, y que esto se pone en duda cuando existen a la vista intereses de sectores determinados.
El comunicado fue firmado por la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Unión de Gremios de la Producción (UIP), Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCSP), Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Federación de la Producción Industrial y el Comercio (Feprinco).
Es importante señalar que el Consejo de la Magistratura ya remitió la terna para la Corte Suprema de Justicia al Senado. De hecho, mañana jueves, los ternados Víctor Ríos, Alma Méndez y Gustavo Ocampos serán escuchados por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, que ya podría tratar este tema ese mismo día.
