“Desafíos para el trabajo decente: El trabajo en plataformas digitales en Paraguay” se denomina el informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en colaboración con el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP).
En el documento, estas entidades realizan un análisis exploratorio de la incidencia de nuevas formas de empleo vinculadas con la economía digital, en Paraguay. No obstante, enfatiza en que la realización del trabajo afrontó dificultades y limitaciones, especialmente en lo que respecta al acceso a información y a datos sobre la temática estudiada.
La ausencia de información obligó a la realización de un relevamiento paralelo, poniendo el foco en las plataformas de transporte y de reparto (Uber, Muv, Bolt, Pedidos Ya y Monchis), antes que en las empresas del rubro tecnológico o digital.
El informe menciona que en el relevamiento realizado durante la recopilación de datos y las entrevistas de campo constató que, a día de hoy, no existe aún en Paraguay una normativa específica y concreta que regule de manera integral las nuevas formas de empleo generadas a partir de la economía digital.
“En consecuencia, desde un punto de vista técnico-jurídico, la actual situación legal del trabajo en plataformas, antes que brindar una solución apropiada en términos de regulación, es fuente de inseguridad jurídica por falta de previsibilidad y reglas claras”, advierte el informe.
Así también, indica que en Paraguay la prestación de servicios operada a través de las plataformas digitales aún no ha sido abordada ni regulada por los legisladores en forma específica desde una u otra perspectiva.
En este punto, agrega que por tal motivo, quizá fuera conveniente que el Estado considerara la posibilidad de incluir el tema en su agenda de políticas públicas de manera que se aproximara con mayor intensidad a determinados mandatos de protección dados por la Constitución y varios de los tratados internacionales que promueven los derechos humanos fundamentales.
El informe también sostiene que una parte del problema radica en la falta de adecuación de las normativas vigentes a las nuevas formas de empleo. Pero otra parte se debe al uso de estos nuevos mecanismos de empleo para presentar en ocasiones relaciones laborales encubiertas como empleo independiente y evadir, de este modo, no solo las reglas de seguridad social sino también al sistema tributario.
“Ello implica la necesidad de transformar la institucionalidad y los mecanismos de monitoreo, control y fiscalización del Estado en el cumplimiento de su rol regulador”, sostiene.
En otra parte, el informe enfatiza en que la protección social de los trabajadores de la economía digital y, específicamente, del trabajo en plataformas constituye uno de los mayores desafíos para la garantía de derechos y de su aporte a la sostenibilidad del crecimiento económico.
“Paraguay no solo tiene el desafío de enfrentar los rezagos que deja el actual diseño rígido e inadecuado del sistema de protección, sino también debe adaptarse a una realidad mucho más dinámica que la anterior, con mayores exigencias en términos de heterogeneidad social, económica y cultural.
Añade que, en tal sentido, la adecuación normativa pareciera requerir de una ley especial que defina los términos, los conceptos, el alcance, etc., de la relación que se genera entre las plataformas y quienes ejecutan los servicios.
Recomienda que, a tal efecto, sería clave el desarrollo de políticas públicas específicas de manera tal que, desde la propia ley, se dejara establecido que el vínculo está caracterizado por la subordinación y la dependencia.
Adicionalmente, resulta clave definir otros aspectos como, por ejemplo: que desde la ley se disponga que la plataforma cuente con arraigo y estructura física en el país a fin de dotar de seguridad jurídica a la relación; que el legislador fije los estándares básicos con el objetivo de combatir abusos y excesos de parte del empleador e incumplimientos y actos de indisciplina de parte del prestador de servicios.
Además, instan a que se establezca con claridad el diseño previsional tanto para garantizar atención médica como el derecho a la jubilación digna.
