fbpx
26 °C Asunción, PY
5 de mayo de 2024

Producción de energía eléctrica mermará un 30% como consecuencia de crisis hidrológica, advierten expertos

Paraguay, al igual que otras naciones, está sufriendo las consecuencias del cambio climático y especialistas sostienen que el país no solo debe considerar diversificar su matriz de generación eléctrica sino también avanzar en la regulación del permiso y aprovechamiento del uso del agua.

En su espacio de Plaza Pública, Desarrollo en Democracia (Dende) abordó esta semana el tema «Recursos Hídricos: Un factor estratégico para nuestro desarrollo», con participación de varios expertos que coincidieron en la necesidad de coordinar políticas públicas que permitan un mejor aprovechamiento del agua y de más estudios sobre el nivel de contaminación en los acuíferos. 

Los especialistas que expusieron sobre el tema fueron: David Fariña, ingeniero agrónomo, especialista en recursos hídricos y director de Recursos Hídricos en el Ministerio del Ambiente;  Paula Burt, licenciada en Política Ambiental e Internacional y Ciencias Políticas y coordinadora programática del Programa Regional de Acceso al Agua de la Fundación Avina; y Gerardo Blanco, ingeniero electromecánico y doctor en Ingeniería Eléctrica y miembro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional.

Reducción de la producción de energía eléctrica

Gerardo Blanco advirtió que debido a la sequía que afecta a la región, la producción de energía llegará a su mínimo histórico y se reducirá 30% este año. En consecuencia, también se reducirán los ingresos en concepto de royalties, situación que afectará principalmente a los municipios que verán reducidos su flujos de entrada de dinero.

Recordó que, desde el inicio de la operación de Itaipú de 1983 a 2020, el caudal fue de 10.000 metros cúbicos por segundo, pero desde marzo de este año fue bajando como consecuencia de la falta de lluvias y se llegó a agosto al mínimo de 4.500 metros cúbicos por segundo. Alertó que la última vez que se registró un caudal tan bajo fue en el año 1974.

«Esperamos que las condiciones comiencen a mejorar a partir de setiembre (…) Tenemos que esperar que con el inicio del periodo húmedo empiece a llover, pero si eso no da y persiste la sequía, estamos corriendo el riesgo de que a final de año lleguemos con 12% de nivel de los reservatorios. Y llegar con ese nivel hace muy riesgosa la operación porque prácticamente estaríamos perdiendo la capacidad del control sobre el Paraná», advirtió. 

El profesional también señaló que más allá de una negociación de la tarifa o de compensación, Paraguay debería empezar a maximizar sus ingresos y pensar en estrategias más creativas que migren de una compensación fija por la energía cedida por Paraguay a un sistema donde permita diseñar un instrumento de gestión de precio y de riesgo hidrológico. 

Sin acceso a agua potable

Durante la charla, Paula Burt manifestó que el 78% de la población en Paraguay accede a servicios de agua potable por red, aunque esto no garantiza que el producto recibido cumpla con todas las exigencias sanitarias. 

Se estima que aproximadamente 1.500.000 personas no tienen acceso a agua potable, relegando su consumo exclusivamente a agua que proviene de ríos, arroyos o pozos domiciliarios. 

Burt lamentó la sobrepoblación de entidades y la descoordinación sobre el sector de agua y por ello, señaló la necesidad de políticas públicas para universalizar el acceso al servicio de agua potable con mayor coordinación entre el Gobierno Central y los gobiernos locales. 

Además de fortalecer las Juntas de Saneamiento a través de la asistencia técnica y capacitación permanente y que el Estado llegue a las comunidades rurales dispersas. 

Necesidad de regular normativa

Entretanto, David Fariña indicó que a pesar de que la Ley 3339/07 «De los Recursos Hídricos» fue sancionada en el año 2007, hasta el momento no se ha podido avanzar en la regulación de la normativa debido a intereses particulares, principalmente del sector productivo. 

Debido a ello, no se pueden establecer certificados de disponibilidad de uso y los permisos de aprovechamiento de los recursos hídricos, que va ligado al cobro del canon y al permiso de vertido a un cauce hídrico. 

Actualmente, solo se paga por el servicio de agua potable que llega a los domicilios, pero no por el recurso hídrico en sí. «Desde 2012 hasta la fecha, a cada presidente y cada ministro va la propuesta de reglamentación y hasta hoy no está firmado», mencionó.

Asimismo, refirió que actualmente el 80% de las comunidades de Paraguay se abastecen de agua subterránea, aunque solo existen estudios sobre el Acuífero Patiño. 

No obstante, dijo que se cuenta con una plataforma de registro de uso y aprovechamiento del agua, que servirá como inventario para determinar las zonas más presionadas por diferentes actividades económicas en todo el territorio nacional. 

Finalmente, dijo que el Estado tiene que empezar a invertir en sistemas de alcantarillado sanitario y en plantas de tratamiento para tener una mejor calidad de agua en los recursos hídricos y acuíferos.

La mayor crisis hídrica

Por su parte, Alberto Acosta Garbarino, titular de Dende, recordó que el país tiene un gran nivel de dependencia con respecto al agua de los ríos, ya que el 90% de las exportaciones y casi el 70% de las importaciones se realizan a través del Paraguay y Paraná. 

Con esto, destacó que se está viviendo la mayor crisis hídrica de los últimos 90 años en Paraguay y países vecinos. Agregó que el 100% de la energía consumida por el país proviene de la energía hidroeléctrica y apuntó que la economía paraguaya depende del sector agropecuario en buena medida. 

Manifestó que hay tres categorizaciones a tener en cuenta con respecto al agua: agua vida, destinado al consumo humano que representa el 1% del consumo; el agua ciudadanía, que se usa para vivir en sociedad, que representa casi el 10% del consumo; en tanto que el 90% restante es el agua economía, que se usa para producir y hacer negocios. 

Finalmente, Yan Speranza, moderador del debate, manifestó la necesidad realizar mayores estudios sobre la situación y calidad del agua, principalmente de los acuíferos, y articular los intereses, a pesar de los temores sobre la implementación, para lograr la regulación de la normativa sobre el agua.