El gobierno de Santiago Peña tomará el mando del país el próximo 15 de agosto, en una coyuntura económica que no es de las mejores por las que hemos atravesado en los últimos quince años.
Al cierre del primer semestre de este año, el déficit fiscal acumulado representa el 1,37% del producto interno bruto (PIB), mientras que el déficit fiscal anualizado asciende a 3,4% del PIB, según datos publicados por el Ministerio de Hacienda.
Además, el Gobierno arrastra desde la pandemia una deuda con el sector de la construcción que supera los USD 300 millones, la cual se torna preocupante luego de un periodo político que tuvo como uno de sus buques insignia la continuidad de las obras públicas como paliativo a la crisis económica generada por el Covid-19.
Economistas y agentes del sistema coinciden en que se va tornando urgente la necesidad de volver a encaminar el presupuesto público hacia la senda de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), que establece un déficit máximo de 1,5% sobre el PIB como regla general y un máximo de 3% del PIB como medida de escape en momentos de alto riesgo a nivel económico.
La falta de cumplimiento con la LRF ya se arrastra desde incluso un año antes de la pandemia. Hasta el momento, el gobierno de Mario Abdo Benítez no ha podido lograr converger al límite del 1,5% y dejó esta meta recién para el 2024. Desde el Ministerio de Hacienda se proyecta que el déficit fiscal para el cierre de este año estará en la línea del 2,3% del PIB, luego de que este indicador trepara a 6,2% en el 2020, el año más duro de la pandemia.
Por su parte, según datos del informe de deuda pública del Ministerio de Hacienda, el pasivo del país es actualmente de USD 15,475 millones, lo que representa un 34,4% del PIB; mientras que la deuda externa es de USD 13.611 millones, lo que representa un 88% de la deuda total y un 30% del PIB.
Vale mencionar que al cierre del 2018, año en que asumió el gobierno de Mario Abdo Benítez, la deuda total del sector público era de USD 8.040 millones, lo que en ese momento representaba el 19,8% del PIB.
Es en este contexto económico que está por asumir el nuevo Gobierno y al respecto conversó con MarketData el ministro de Hacienda designado, Carlos Fernández Valdovinos.
Al ser consultado sobre los principales lineamientos económicos que deberá trabajar su equipo, mencionó tres puntos principales como los más urgentes: solucionar las deudas “colgadas”, lograr un presupuesto “razonable” y llevar adelante las reformas del Estado.
Deudas y déficit fiscal
Fernández Valdovinos hizo hincapié en la cuestión de las deudas “colgadas” y no contabilizadas que se arrastran desde la época de la pandemia. Estos compromisos, según calculó, una vez tenidos en cuenta elevarían el nivel de endeudamiento a un 36% del PIB, en realidad.
A esto habrá que hacer frente en un contexto en que ya se arrastran deudas, por ejemplo, con el sector de la construcción por más de USD 300 millones.
“Las deudas son lo más urgente, se van a tener que convertir deudas que son del sector informal a deudas que son del sector formal. Esto quiere decir deudas existentes pero que no están contabilizadas, convertirlas en deudas contabilizadas. Las deudas de los medicamentos, de las construcciones o de los transportistas no están contabilizadas, teniendo en cuenta un déficit mucho más elevado”, expresó.
Advirtió que, bajo este contexto, se deberá “reconsiderar” cuáles son las posibilidades reales de poder converger a los límites establecidos por la ley de responsabilidad fiscal el próximo año. Afirmó que “hay que ver” cuál es la situación en la que entrega el Estado el gobierno saliente, pero que ve difícil que se pueda lograr, dado el contexto actual de endeudamiento e ingresos fiscales.
“Supongamos que la deuda externa es 34% del PIB, pero en realidad es 36% porque esta deuda no está contabilizada. Pero una vez que esté contabilizada va a ser neutro, y va a pasar a estar contabilizada; entonces, vamos a pagar saliendo a emitir (bonos) o pedir préstamos a multilaterales. Muchas de estas deudas están a tasas muy elevadas; ahora que empiezan a bajar las tasas en el mundo, la deuda va a ser más barata”, añadió.
Afirmó “no querer ser un cajero” al cual le den instrucciones frías en cuanto a números objetivo sin ver las implicancias en la realidad.
Puntualizó que si en este momento tenemos un déficit del 3,5%, es imposible bajar 1% del PIB en cuatro meses. Advirtió que en ningún lugar del mundo se hace un ajuste así, añadiendo que justamente la idea del Ministerio de Economía es no solo ejecutar órdenes de manera automática, sino que ver cuál es el impacto que eso puede tener.
También se refirió a lo que pasó con el Gobierno saliente y recalcó que los objetivos que tenía no eran reales, “y por eso tenes una acumulación del 1,5% del PIB que no está registrada”, reiteró.
“Queremos converger, pero hay una deuda enorme que no está contabilizada. (…) Lógicamente la convergencia la tenemos que reconsiderar, vamos a hacer todo el esfuerzo”, insistió.
Reformas
En otro momento, el también expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) defendió las propuestas legislativas que están impulsando desde el gobierno electo y tienen como propósito unificar entidades del Estado.
Específicamente, se trata de la creación de la Superintendencia de Valores, el Ministerio de Economía, y la fusión entre la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), esta última ya sancionada y resultante en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Apuntó que lo que buscan es hacer efectiva la realización y no solamente proponer las leyes, es decir, que el trabajo verdadero está en gestionar la sanción efectiva de las leyes y no solamente proponerlas.
Al ser abordado sobre los cuestionamientos a la creación de la DNIT, afirmó que hasta el momento solo se han recibido cuestionamientos de forma y no se han dado argumentos que ataquen al fondo de la cuestión.
“Los comentarios que hemos recibido de la gente aduanera eran más de forma y no eran de fondo. Recibí cinco comentarios y no eran absolutamente trascendentales. No podemos parar la ley por esto”, aseveró.
“Estas no son cosas relevantes, es claro que esta (nueva institución) no reemplaza el código aduanero. Se les dio la oportunidad de que hagan sus comentarios, yo estoy abierto, pero no me digan solamente que es ´apurado`. Nosotros contestamos todas las cosas, ya pasamos y por qué vamos a esperar”, expresó.
Sobre la creación de la Superintendencia de Valores, afirmó que no se trata de una idea nueva, y que de hecho ya había sido discutida durante el gobierno de Horacio Cartes. Opinó que es una noticia positiva, ya que el mercado bursátil en Paraguay se encuentra en un proceso importante de expansión, lo que genera una situación en la que la actual Comisión Nacional de Valores (CNV) sea insuficiente.
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Puntualizó que ante el crecimiento del mercado de valores, se requiere una institución más fuerte y con mayor autoridad, para evitar cualquier tipo de inconvenientes en el futuro, en especial en referencia a la protección a los inversores del mercado.
Opinó que es importante mirar la experiencia de otros países en este tipo de fusiones en cuanto a la regulación bursátil, pero que también hay que mirar las particularidades que existen en Paraguay. Dijo que preocupa que algo que está creciendo mucho esté “relativamente desregulado”, como ocurre actualmente con el mercado bursátil.
“Yo no quiero volver a repetir lo que pasó en los años noventa con los bancos, ni tampoco lo que ocurrió, por ejemplo, con la Metalúrgica Fernández, que le dieron la posibilidad de emitir y finalmente no cumplió con lo que tenía que hacer con los inversionistas. Yo veo debilidades así como está la CNV, en términos regulatorios, necesita tener espalda todavía”, advirtió.
Refirió que, para regular, hay que tener una institucionalidad fuerte y, al respecto, recordó que el Banco Central ya tiene una historia mucho más fuerte en el sentido de regular algo mucho más grande, que es todo el sistema financiero y el sistema de seguros.
“Así como está creciendo (el mercado valores), es mejor tener un regulador que tenga todos los instrumentos y reconocimientos, y ese es el BCP”, aseveró.
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Sobre las reformas que deja pendiente el gobierno de Mario Abdo, apuntó que los proyectos también serán revisados. Aquí hizo especial hincapié en la reforma del servicio civil, en la cual advirtió que se deben revisar con cuidado cuáles serán las implicancias que tendrá a nivel presupuestario.
“Yo voy a revisar lo del servicio civil, hay que ver qué implica eso en términos presupuestarios porque hay casi una automatización en los ascensos, y eso va a tener un impacto presupuestario, por eso todavía no está en la agenda, porque todavía no lo hemos revisado”, anunció.
“Si lo que queremos es hacer el gasto más eficiente, disminuir el número de instituciones, mal haríamos en pasar una ley que tenga aumentos automáticos para todo el mundo, tenemos que tener cuidado con eso”, añadió.
