El ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), René Fernández, conversó con MarketData y compartió un recuento de lo que fue la reciente visita de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Desde su experiencia también como evaluador del Gafilat -específicamente para el análisis de Chile-, el ministro brinda detalles de los temas que se trataron en las diversas entrevistas con autoridades locales y representantes del sector privado, así como las expectativas que se tienen para el resto de la evaluación del país sobre la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Reflexiona también sobre la situación de la corrupción en Paraguay y los desafíos que persisten para erradicar esta problemática tanto del accionar en la administración pública como en el ámbito privado.
– ¿Cómo fue la semana de visita de los evaluadores del Gafilat? ¿Cómo se sintió al interior del Gobierno? ¿Algo de presión, responsabilidad? Toda la atención estuvo centrada en esa actividad durante las dos semanas de la visita in situ.
Hay que recordar que este proceso se inicia en noviembre del 2019, ya venimos trabajando hace un buen tiempo sobre todo en la presentación de las estadísticas, de las respuestas a los cuestionarios que tienen que ver con el cumplimiento técnico y con los resultados de alto nivel, intermedios e inmediatos, que forman parte de la metodología Gafilat en esta cuarta ronda de evaluaciones mutuas. Esta etapa que corresponde a la visita in situ de los evaluadores evidentemente genera un foco de atención más importante, más intenso, porque constituye la presentación in situ, valga la redundancia, del funcionamiento institucional del país tanto en lo que se refiere al aspecto de la supervisión de los sujetos obligados, al funcionamiento del sistema bancario-financiero, otros sectores como organizaciones sin fines de lucro, actividades y profesiones no financieras designadas como escribanos, abogados, comerciantes de piedras preciosas, juegos de azar.
Este fue un gran desafío tanto del sector público como privado, pero como bien mencionaste la atención está por parte del Estado y sobre todo el Poder Ejecutivo, que es el que lidera esta evaluación a nivel país en cuanto a la presentación del funcionamiento normativo institucional y de los avances. Toda la sociedad, todos los actores económicos, todos los componentes del sistema anti lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incluyendo a los medios de comunicación y la ciudadanía en general, estuvieron muy comprometidos y muy interesados en el cumplimiento de esta etapa de la visita in situ, lo cual se refleja en esa expectativa que se generó y seguirá generando porque es un proceso que todavía no culminó.
– Los representantes de Gafilat habían anunciado que pondrían especial énfasis en los resultados de la gestión anti lavado, es decir, en las sentencias y sanciones ¿Cómo ve este componente en cuanto al trabajo que se presentó a los evaluadores? ¿Considera que satisfacen a los requerimientos de la evaluación?
Creemos que hemos estado, bajo el liderazgo de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), a la altura de los requerimientos en las distintas entrevistas; pero como toda evaluación, va a haber observaciones y hallazgos que van a ser señalados por los evaluadores y vamos a tener la oportunidad de ejercer los descargos y las aclaraciones que correspondan. Estamos muy optimistas en cuanto al resultado de la evaluación del cumplimiento técnico, en el 2019 fue realizada una gran actualización del ordenamiento jurídico nacional. El siguiente componente, de la efectividad, también presenta muchos avances que se plasman en las estadísticas y el tiempo ha jugado a favor nuestro en ese sentido: esta visita in situ deberíamos haberla tenido a mediados del 2020, pero debido al retraso de todas las agendas por la pandemia de COVID-19, esta visita se retrasó prácticamente un año, lo cual nos dio la oportunidad para ir generando más resultados y obteniendo más evidencia de la aplicación de la normativa nueva. Por ejemplo, los registros nacionales de beneficiario final y de personas y estructuras jurídicas es una figura que no tiene precedentes en nuestro país, forma parte de los estándares de Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional) y las 40 recomendaciones, y ha sido implementada; el funcionamiento de estos registros nacionales ha sido destacado por los evaluadores, a pesar del escaso tiempo de la vigencia de los registros.
En lo que se refiere a los resultados vinculados al sistema judicial, la persecución de los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, la gran fortaleza que tenemos en las estadísticas es la importancia de los bienes incautados y decomisados sobre todo en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción pública; hablando desde mi experiencia como evaluador de Gafilat, que me tocó participar en la evaluación de la República de Chile, y también haciendo una valoración regional, los números que han sido presentados son bastante importantes. También tenemos estadísticas de sentencias condenatorias bastante razonables, todavía existen muchos desafíos, hay mucho qué hacer todavía, sobre en cuanto a que los procesos que son presentados al Ministerio Público y luego al Poder Judicial culminen en sentencias definitivas, con un juicio oral en donde se establezca la responsabilidad penal o no de aquellas personas a quienes se atribuye esa conducta. La calidad de las investigaciones y de los procesos se va a reflejar en los resultados vinculados con sentencias condenatorias e incautaciones, que básicamente implica atacar las bases económicas del crimen organizado.
«El nuevo paradigma de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo implica no solamente la persecución para las sanciones penales a las personas físicas responsables, sino también afectar el patrimonio de las asociaciones criminales».
René Fernández, ministro de la Senac
– ¿Cómo aporta el combate a la corrupción a los resultados que se puedan tener ante el Gafilat? ¿Cómo observa el desempeño del sector privado también en esta labor y qué pasos debemos dar todavía para erradicar esta problemática de una vez por todas?
La evaluación nacional de riesgos, que forma parte del sistema de prevención del lavado de dinero, ha identificado a la corrupción con un doble carácter: como una vulnerabilidad y como una amenaza; lo cual implica que al ser uno de los principales riesgos respecto al lavado de dinero, debe tener un enfoque multisectorial, no solamente debe ser objeto de atención por parte del Poder Ejecutivo, también deben estar decididamente comprometidos los demás poderes del Estado, todos los organismos extra poder, y también la sociedad civil y el sector privado. Hemos tenido avances como la aprobación y entrada en vigencia de delitos de corrupción privada, como el cohecho y el soborno privado, que era un vacío normativo que teníamos y se vio expuesto cuando se iniciaron los procesos y los requerimientos de la justicia norteamericana a la corrupción en el fútbol mundial: Fifa Gate, Conmebol.
Pero, más allá del ordenamiento normativo, del sistema institucional vigente y de las competencias de las instituciones, los resultados se miden en las sanciones, en la forma en que se controla la corrupción. Entonces, cuando se habla de control de la corrupción tenemos un aspecto preventivo y el aspecto represivo: la investigación y la sanción; y en este aspecto el principal problema es la impunidad, conductas deshonestas de ciudadanos ya sea del sector público o privado hay en todos los países pero el mejor o peor funcionamiento del sistema se mide en las consecuencias: que esas conductas irregulares, deshonestas o corruptas tengan consecuencias para aquellos que son responsables de dichas conductas.
Haciendo un gran balance del sistema normativo y el sistema institucional, el principal problema que nosotros tenemos es la impunidad. Eso significa que todas las instituciones estén comprometidas en la sanción, que cada actor cumpla con su rol, el Estado y la ciudadanía con las denuncias; también el sector privado, cada vez que existe una contratación irregular o un caso de corrupción en una obra pública, hay un sector público y un sector privado, las consecuencias deben recaer sobre todos los participantes.
– Con el examen de Gafilat nos estamos jugando la reputación del país, vital para la atracción de inversiones y la posibilidad de ganar más espacios en los mercados internacionales ¿Qué opina sobre la visibilidad que adquirió con la evaluación de Gafilat el combate al lavado de dinero y el crimen organizado como estrategia para lograr un mayor crecimiento económico?
El primer resultado que es evaluado, que tiene que ver con la efectividad, está relacionado con la comprensión de los riesgos: de qué manera las instituciones, los actores del sistema anti lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, tienen incorporada la idea de los riesgos que enfrenta el país. Ahí tenemos esos dos elementos: vulnerabilidad, que tiene que ver con las debilidades internas, y amenaza, con ese riesgo externo. Tradicionalmente se ha asociado los riesgos de lavado de dinero solamente al sector financiero y bancario, que de hecho es el que más ha avanzado y madurado en la comprensión de esos riesgos, pero hoy día también se exige que avancemos más en la comprensión de esos riesgos y tenemos otras actividades económicas que son vulnerables al lavado de dinero, como por ejemplo las operaciones de comercio exterior, ciertas profesiones como estudios contables y estudios jurídicos.
Eso se tiene que plasmar en el resultado, que es el efectivo funcionamiento del sistema preventivo: que aquellos sujetos obligados que están designados por el sistema formulen y cumplan los deberes de conocer al cliente, mantener los registros, formular los reportes de operaciones sospechosas en aquellos casos de operaciones inconsistentes, inusuales; en el sector bancario eso ya está un poco más maduro, hay otros sectores que están avanzando como el cooperativo y se tiene que ir generalizando. Hoy en día hay una nueva reglamentación dictada por la Seprelad respecto a los abogados, respecto a sus deberes como sujetos obligados, que está generando una discusión y eso es bueno, que se ponga en discusión los alcances de esa resolución porque estamos hablando de un aspecto que nunca fue trabajado.
– Ministro, ¿cuál es su pálpito, su expectativa? ¿Pasamos o no pasamos el examen de Gafilat? ¿Cuál cree que será el resultado que recibamos en julio del 2022?
Yo tengo un optimismo bastante moderado, tengo un optimismo sobre todo por los avances que han sido presentados y la retroalimentación que en estos 15 días hemos tenido con los evaluadores. Este proceso se compone de una siguiente etapa, que va a ser de descargo por parte del país, van a ser presentados los hallazgos preliminares y el país va a tener la oportunidad de detectar y descargar esos hallazgos preliminares de los evaluadores. Ese proceso va a culminar con la presentación del informe de evaluación mutua en julio del 2022, en la plenaria de Gafilat, luego de una amplia participación y retroalimentación también con los demás países miembros del Gafilat, un proceso bastante complejo.
Dentro de todo ese contexto, no podemos asegurar en un 100% pero no creo que podamos volver a esa situación que habíamos tenido anteriormente. Pero sí como ha pasado con otros países y en esta cuarta ronda de evaluaciones va a haber observaciones, probablemente el debate que se pueda llegar a tener es si se implementará un mecanismo de seguimiento del cumplimiento ya sea en aquellos aspectos del orden normativo, que tiene que ver con las 40 recomendaciones, el cumplimiento técnico; o aquellas observaciones respecto a los resultados intermedios e inmediatos donde hayamos tenido una calificación baja.
En el peor de los escenarios, se podría hablar de un seguimiento intensificado, lo cual establece una especie de periodo de prueba donde el país debe demostrar que en aquellas ponderaciones bajas de cumplimiento técnico o de cumplimiento de la efectividad se ha avanzado. Tiene una dinámica similar a una auditoría: hay observaciones, hay hallazgos, y el país posteriormente, luego de hacer sus descargos y de presentar también las observaciones sobre los hallazgos, se establece como un plan de mejoramiento y es el que entra en ese mecanismo de seguimiento que en algunos casos es más intenso y en otros es menos intenso; probablemente ese será nuestro debate.
Perfil:
Nombre: René Milciades Fernández Bobadilla
Profesión: Abogado
Trayectoria profesional: Fue agente fiscal desde el año 1999, asignado a la Unidad Fiscal Especializada en Hechos Punibles contra el Orden Económico desde junio de 2004. Posteriormente, prestó servicios en la Unidad Fiscal Anticorrupción, desde septiembre de 2005, y fue fiscal delegado de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción desde febrero de 2008. Es ministro secretario de la Senac desde julio de 2019
