Desde hace algunos años, las criptomonedas tales como Bitcoin o Ethereum han suscitado gran atención, tanto por las meteóricas fluctuaciones de sus precios como también por la afirmación de sus partidarios de que generan un nuevo modelo de confianza descentralizada.
Este nuevo modelo de negocio ha captado la atención de muchos países a nivel mundial. Tal es el caso de Paraguay, que desde el 2020 ha tenido un aumento en el número de empresas locales y extranjeras que instalan sus dispositivos informáticos en espacios industriales para generar estas monedas, como ocurre en las localidades de Ciudad del Este, San Pedro, Paraguarí y Villarrica. Actualmente suman noventa las empresas del sector de criptoactivos que operan en el país, de manera formal y regulada, según la Cámara Paraguaya de Fintech.
Se podría decir que este fenómeno se debe en gran medida a que las tarifas industriales de energía eléctrica del país son de las más bajas de la región y del mundo, lo que es de gran atractivo para los inversionistas extranjeros que quieran producir criptomonedas dentro del territorio nacional.
En el marco de este auge de minerías criptoactivas es que surge el proyecto de Ley 6962/2022 denominado “Que regula la industria y comercialización de activos virtuales – criptoactivos” presentado por el legislador Fernando Silva Facetti y sus colegas Antonio “Tony” Apuril y Juan Bartolomé Ramírez.
Dicho documento busca reconocer la minería de criptomonedas como una actividad industrial y, en consecuencia, establecer un porcentaje para fijar la tarifa de consumo, entre otras disposiciones referidas a la comercialización, custodia y administración de estas.
Cabe recordar que el proyecto fue vetado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pasando la iniciativa de ley nuevamente a discusión por separado en ambas cámaras, las que deberán decidir entre ratificar la aprobación inicial o aceptar el veto del Ejecutivo. La normativa está siendo estudiada en Diputados y de ellos depende la aprobación o el rechazo del proyecto; tienen tiempo hasta fines de noviembre para el pronunciamiento definitivo.
Disposiciones del proyecto de ley
La legislación vetada por el Ejecutivo contempla en sus páginas que la tarifa para la minería de criptoactivos “no exceda” el 15% con relación a la tarifa industrial vigente. Igualmente, otorga permisos de hasta cinco años a favor de proveedores de servicios y de los mineros de criptoactivos, así como crear una dependencia especializada y establecer sanciones, entre otras medidas.
Además, el decreto señala, citando un concepto de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que la minería de criptoactivos “se caracteriza por su alto consumo de energía eléctrica, con uso intensivo de capital y escasa utilización de mano de obra”.
Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) advirtió que las actividades que pretenden fomentar el proyecto de ley requieren “una cantidad significativa de energía que pueden comprometer el desarrollo y la expansión de una industria nacional inclusiva y sostenible”.
Por ello, desde esta cartera de Estado se considera que corresponde categorizar la minería de criptoactivos “como consumo electro intensivo y no como consumo industrial, debido a que no genera un valor agregado”. Incluso, alerta que si Paraguay quiere intensificar hoy en día la criptominería, “en los próximos cuatro años se verá forzado a importar energía eléctrica”.
A su vez, el Banco Central del Paraguay (BCP) puntualizó que las criptomonedas “no están respaldadas por ninguna autoridad monetaria y, por tanto, su custodia no está supervisada”. Agregó que tampoco cuentan con mecanismos de protección o seguridad como ofrecen otros activos, y “no cumplen funciones básicas del dinero y constituyen inversiones de alto riesgo”.
La especialista en energía e industria, Mercedes Canese, manifestó que el proyecto de Ley estudiado se trata de una reglamentación muy preocupante, ya que equipara la criptominería a la actividad industrial.
Así también, expresó que si una industria tradicional si bien utiliza medio mega potencia de energía, genera 200 manos de obra; mientras que la minería de las criptomonedas, con dos megas de potencia, no genera mucho empleo.
«No hay ningún motivo para que el Estado pueda generar las condiciones especiales, como le da al sector industrial, porque esta sí contribuye a la mejora de la calidad de vida de las personas, como también el avance del país».
Mercedes Canese, especialista en energía e industria.
Llamado a crear una mesa de trabajo
Desde la Cámara Paraguaya de Fintech sostienen que Paraguay cuenta hoy con recursos energéticos excedentes que pueden potenciar el desarrollo de una industria tecnológica de punta y, a su vez, generar empleos de alta calidad y remuneración.
Cinthia Facciuto, presidenta de la Cámara, señaló que la minería de criptoactivos tiene el potencial de comprar en un corto plazo gran cantidad de la energía excedente que posee el país, y que al mismo tiempo permite generar desarrollo, empleos de alta calidad, especialización de tecnicaturas, oportunidad de mejora de ingresos y crecimiento de la infraestructura del país.
Asimismo, indicó que esta industria se convierte en una gran oportunidad para que Paraguay pueda comercializar energía a un precio superior al que actualmente obtiene en compensación por ceder a otros países vecinos la energía que no usa, al tiempo que aportará y propiciará el desarrollo económico.
“Este segmento generará oportunidades para la juventud con empleos altamente calificados, y convertirá al Paraguay en un polo de innovación tecnológica e inversión”, manifestó Facciuto, en un conversatorio brindado en la sede de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).
Por su parte, Fernando Arriola, líder de la vertical Blockchain, expresó que desde la organización solicitan reglas claras para desarrollar esta actividad de manera formal y una tarifa de energía viable que permita ser competitivos.
Igualmente, se mostró en contra de la tarifa solicitada por la ANDE, ya que sostiene que la minería de criptomonedas “no consume tanta energía como se dice”, y señaló la necesidad de crear una mesa de trabajo con la Administración para discutir acerca de los precios, acordar un costo con precios económicamente viables para el negocio y llegar a ser competitivos a nivel mundial.
Por último, expresó que este segmento colabora de forma proactiva en la formulación y acatamiento de la normatividad de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o bienes (Seprelad), única institución que actualmente regula algunos aspectos de esta actividad.
“Una tarifa excesivamente alta o regulaciones exageradas e inviables solo terminarán ahogando el incipiente potencial de esta actividad, cerrando la puerta a la innovación y desperdiciando todas las oportunidades y ventajas antes mencionadas razonables y que nos permitan ser competitivos”.
Fernando Arriola, líder de la vertical Blockchain
“Queremos cumplir las regulaciones para ayudar a combatir la informalidad, el lavado de activos, las conexiones clandestinas y en general todas las actividades ilícitas que para nosotros solo representan una competencia desleal para con todos quienes cumplimos las reglas, nos genera muchas pérdidas y nos hace más difícil la tarea de lograr una normatividad homogénea y justa para todos”.
Cinthia Facciuto, presidenta de la Cámara Paraguaya de Fintech
¿Cómo está la tarifa?
La ANDE resolvió que la tarifa para este grupo especial de consumo intensivo se establecerá en dólares americanos, actualizada anualmente.
El titular de la institución, Félix Sosa, indicó que la Administración debe construir la infraestructura eléctrica necesaria para solventar la demanda del consumo de energía eléctrica, de acuerdo con lo establecido en el Plan Maestro de la ANDE, que consiste en el refuerzo del sistema de Generación, Transmisión y Distribución de energía eléctrica, para lo cual es necesario obtener una rentabilidad del 8% al 10%, según lo establece la Ley 966/64.
“Todo esto se tiene en cuenta para la definición de la tarifa; de ahí la importancia de que se acepte el veto del Poder Ejecutivo, ya que ese Proyecto de Ley establece que la tarifa para este grupo solo podrá ser con un 15% por encima de la Tarifa Industrial actual del Pliego 21”.
Félix Sosa, presidente de la ANDE
Consumo intensivo
Con relación al consumo energético de la minería, Mercedes Canese señaló que se trata de un consumo electrointensivo que utiliza la energía de forma constante, por lo que esta debería pagar una mayor tarifa, ya que «la energía garantizada es la energía más cara».
«Este segmento no es lo mismo que algunas industrias que pueden parar algunos motores en horas picos, lo que ayuda a la ANDE a no tener que invertir tanto en infraestructura”, aseguró.
Además, indicó que la situación de este grupo es bastante irregular en algunos lugares del país, como es el caso de localidades de Alto Paraná y Villarrica, en donde hay denuncias de conexiones clandestinas.
Por último, señaló que no existe ningún problema con que se instalen empresas de criptomonedas en el país, pero instó a que estas “paguen lo que realmente están consumiendo en cuanto a la energía sin perjudicar a nuestro país».
