ANÁLISIS
La administración de Mario Abdo Benítez al frente del Poder Ejecutivo, que en la fecha cumple su tercer año, sin duda ha estado marcada por diferentes crisis que obligaron a que se lleven adelante medidas que casi ningún otro gobierno ha realizado.
En su primer año, en el 2019, Abdo enfrentó una gran crisis denominada “la tormenta perfecta” debido a que se registraron inundaciones, sequías y problemas económicos de importantes socios comerciales como Argentina y Brasil, más la tensión global de la guerra comercial entre Estados Unidos y China que generó un fuerte golpe a las exportaciones de commodities y a la economía local en general.
Para tratar de frenar esta situación, en junio de ese año, el Gobierno anunció la inyección de más de USD 1.500 millones a la economía local, cuyo monto fue distribuido para acciones inmediatas en el ámbito de la inversión pública, del empleo y la ayuda social.
Además, esta coyuntura había forzado al Ejecutivo a pedir autorización parlamentaria para utilizar la cláusula de escape establecida en la Ley de Responsabilidad Fiscal, de modo a sobrepasar el tope del déficit fiscal del 1,5% del producto interno bruto (PIB).
El Congreso Nacional había aprobado la mencionada solicitud y ese año se cerró con un déficit del 2,8%; es decir, unos USD 1.087,3 millones, mientras que los ingresos tributarios solamente crecieron en 1,7% durante el periodo.
No obstante, hacia los últimos meses del 2019 y los primeros del 2020 se notaba cierta mejoría en algunos indicadores de actividad comercial y tampoco se registró una importante contracción del PIB al cierre del año, ya que la variación final fue del -0,4% e incluso se hablaba de un importante “efecto rebote” para el siguiente ejercicio anual.
Sin embargo, a mediados de marzo llegó la pandemia del coronavirus a nuestro país y la situación económica se vio seriamente afectada. El Ejecutivo tomó varias medidas de urgencia mediante la Ley de Emergencia Sanitaria, y también a través de ella se endeudó al país por alrededor de USD 2.000 millones para hacer frente a la crisis sanitaria.
Esta situación hizo que la deuda pública se dispare, llegando al cierre del 2020 al 33,9% del PIB, que representó un total de USD 12.212 millones. Así también, la pandemia hizo que el gasto público aumente en 15,6%, explicado por las nuevas contrataciones del personal de salud y subsidios para diferentes sectores.
Déficit
En el 2020, por segundo año consecutivo, el déficit fiscal sobrepasó el límite establecido por Ley y cerró en 6,2% del PIB, lo que representó unos USD 2.130 millones.
Cabe mencionar que este año también se prevé un déficit que estará por encima del tope establecido por normativa. De hecho, el Ejecutivo estableció en el Presupuesto General de la Nación (PGN) que el saldo rojo del Estado cerrará en 4% del PIB este año.
Situación económica actual
Este 2021 podría ser el año en que se dé la recuperación económica, pese a que continúan los contagios de COVID-19 y existen varios sectores que aún no pueden operar en su totalidad.
El Banco Central del Paraguay (BCP) pronostica un crecimiento del PIB del 4,5% para 2021 y el primer semestre cerró con un aumento de 6,3% de la actividad económica.
Empleo
La pandemia también afectó considerablemente al empleo y, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el primer trimestre de este año cerró con 306.228 personas desocupadas. De esta manera, la tasa de desocupación del primer trimestre del 2021 se ubica en 8,1%.
Además, cerca de 88.000 trabajadores sufrieron suspensiones laborales a consecuencia de la pandemia y fueron subsidiados con el 50% del salario mínimo a través del Instituto de Previsión Social (IPS).
Crisis política
Un acontecimiento importante que también pasó en la administración de Mario Abdo fue que, a mediados del 2019, el Gobierno atravesó por una de las peores crisis institucionales, tanto así que el mandatario estuvo al borde del juicio político a causa de la firma del acta bilateral con Brasil sobre la distribución de energía de la central hidroeléctrica Itaipú.
Esta situación provocó que varios de sus colaboradores renunciasen al cargo, como Pedro Ferreira, que se desempeñaba como titular de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), quien fue el que realizó la denuncia y sacó a luz que el documento era perjudicial para los intereses del país.
También se vieron obligados a presentar renuncia el entonces canciller Nacional, Luis Castiglioni; del titular de la Ande, Alcides Jiménez; el embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier Caballero, y el director paraguayo de Itaipú, José Alderete, entre otros.
Crisis social
Este año, en el mes de marzo, a un año del inicio de la pandemia, el Gobierno de Mario Abdo enfrentó varias protestas denominadas como “el marzo paraguayo de 2021”. Esto, tras el colapso sanitario del sistema público, debido a la falta de inversión suficiente en salud, la crisis económica reinante y reiteradas denuncias de corrupción hacia miembros del Gobierno Nacional.
Como consecuencia de esta crisis, renunció el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, y el presidente de la República decidió remover del cargo al ministro de Educación, Eduardo Petta, al Jefe de Gabinete Civil, Juan Ernesto Villamayor y, a la ministra de la Mujer, Nilda Romero.
Desafíos para los años restantes
A criterio del economista Anibal Insfran, en estos dos años restantes, el mandatario debe controlar la calidad del gasto público ya que el margen de maniobra con que se cuenta ya es poco y seguir endeudando al país sería un error.
Enfatizó en que otro elemento clave debe ser tratar de lograr una estabilidad política.
“Creo que debería mostrar un liderazgo más fuerte”, recalcó. En este punto, agregó que la manifestación de los camioneros hubiese sido un buen momento para empezar a mostrar un liderazgo.
El profesional también dijo que se debe llevar adelante las reformas que se han prometido y prestar atención en lo que respecta a la seguridad social “que en el futuro puede ser un inconveniente grande porque tenemos fondos muy importantes que pueden ser factores de pérdida para el Estado, ya que la capacidad actuarial de las cajas no están en condiciones en este momento”, explicó.
Además, dijo que se debe continuar con medidas que ayuden a sectores que aún no se han recuperado, y a la población más vulnerable. Así también, llevar adelante acciones que beneficien a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) y fomentar la formalización.
En este mismo sentido se expresó la economista de la consultora Mentu, Martha Coronel, quien dijo que se debe empezar a implementar programas orientados a sectores específicos como mujeres y jóvenes, dotarlos de capacidad para que puedan generar ingresos en la nueva realidad, ya que son los que siguen afectados por la pandemia.
Así también, coincidió con Insfrán en que se debe apuntalar fuertemente la formalización de las Mipymes, a modo de poder acompañar su gestión no solamente para cobrarles impuestos, sino para ayudarles a consolidarse y a crecer.
Respecto al ámbito fiscal, manifestó que sin duda se debe ir mejorando la calidad del gasto e ir disminuyendo la deuda. Así también, dijo que se debe seguir invirtiendo en infraestructura pero que estén focalizados, como por ejemplo para que los productores estén conectados y tengan acceso al mercado.
