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13 de junio de 2024

La economía subterránea, sumida en la ilegalidad, mueve más dinero que el agro y la industria

Según un estudio elaborado por la organización ProDesarrollo, la economía informal asciende a USD 22.019 millones y equivale al 45,9% del PIB, en Paraguay. Los investigadores afirman que, dentro de la informalidad, la ilegalidad es mayor al 50%.

También indicaron que alrededor del 70% de las pequeñas economías que no están formalizadas se financian mediante usureros. Entre las causas de esta problemática destacan el desempleo, shocks externos, costos y labores de cuidado.

Este miércoles, en la sede de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), realizaron la presentación del estudio de Economía Subterránea, a cargo del analista político Sebastián Acha y del socio fundador de la consultora Mentu Hugo Royg. Según el informe, la informalidad ya equivale al 45,9% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del 2022.

Este último número refleja un aumento de 1,6 puntos porcentuales (p.p.) de la informalidad con respecto a la medición del año 2021, cuando llegó al 44,3%, lo que cobra relevancia teniendo en cuenta que la economía subterránea había disminuido entre 2020 y 2021, en 1,9 p.p.. Así, la economía informal asciende a USD 22.019 millones, equivalente a 45,9% del PIB, según el análisis.

Estos valores superan, por ejemplo, a los registrados en el sector industrial, cuyo PIB llegó a los USD 12 mil millones en el 2022; y a la agricultura, que alcanzó los USD 1.775 millones, según el informe del Banco Central del Paraguay (BCP).

Por otro lado, los expertos de ProDesarrollo explicaron que el 2022 fue el primer año de la vuelta real a la normalidad tras la pandemia del Covid-19, y que la economía informal se relaciona de manera directa con la economía formal, es decir, la economía formal se nutre de la informal ya sea para reducir costos de producción intensiva en mano de obra, o empresas familiares.

Los expertos explicaron que el 2022 fue el primer año de la vuelta real a la normalidad tras la pandemia del Covid-19, y que la economía informal se relaciona de manera directa con la economía formal, es decir, la economía formal se nutre de la informal ya sea para reducir costos de producción intensiva en mano de obra, o empresas familiares. 

También indicaron que, ante un escenario de alta inflación, el consumo de las familias se orienta al mercado informal en busca de mejores precios. Añadieron que la pandemia fue un factor exógeno que demostró que existe un concepto que encaja todavía mejor dentro de la informalidad paraguaya, que es la denominada “economía de subsistencia” y está relacionada con la falta de empleo.

El informe refiere que la informalidad por subsistencia debe entenderse como el conjunto de actividades de trabajo cuyo principal objetivo es la supervivencia de una persona u hogar a través de la producción o venta directa de bienes y servicios, tales como ventas callejeras ambulantes, en local fijo, entre otras. 

“Este tipo de trabajos son generalmente realizados por trabajadores por cuenta propia de manera individualizada o en algunas ocasiones en grupos familiares, cuyos integrantes aportan su fuerza de trabajo, con el ánimo de generar ingresos, que generalmente son precarios e insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas de vida”, explicaron. 

Otro aspecto que destacaron es que la vuelta a la normalidad, con la apertura de las fronteras y la libre circulación de bienes y personas, hizo que el contrabando se convierta nuevamente en una opción de generación de ingresos.

Royg indicó que “en la economía subterránea existen actividades lícitas y legítimas, y actividades ilícitas”. Como ejemplos citó el servicio doméstico que no se paga con un seguro social o la venta callejera de empanadas que no está inscripta en la Subsecretaría de Tributación.

En este sentido, cabe recordar que, en Paraguay, el programa Pytyvõ, aprobado mediante la ley de emergencia, fue diseñado para brindar una ayuda económica temporal principalmente a trabajadores informales que realizaban actividades por cuenta propia o que estaban en dependencia de alguna mipyme, y cuyos ingresos fueron afectados por la pandemia.

Acha señaló que estos beneficiarios representaron una excelente base de datos de emprendedores informales, una especie de censo a lo que no se le dio valor para elaboración de políticas públicas asociadas, más allá del momento de pandemia.

De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), la ocupación informal aumentó durante la pandemia, llegando a un 65,1%. Para los investigadores, este comportamiento era predecible teniendo en cuenta las condiciones laborales y sanitarias de ese año.

También los investigadores resaltaron que, en 2022, la población en edad de trabajar (PET) tuvo un aumento en valores absolutos de 95.430 personas, mientras que la Población económicamente activa (PEA) disminuyó en 32.636 personas y la Población económicamente inactiva (PEI) aumentó en 128.066 personas.

Presentación del estudio Economía Subterránea 2022, a cargo de Hugo Royg y Sebastián Acha, ante miembros de la CAP.

Causas de la informalidad

Acha manifestó que la informalidad tiene una justificación lógica en todos los niveles, “desde los sectores de menos ingresos hasta la gente de altos ingresos”. Explicó que deben existir incentivos económicos también para que las personas puedan formalizarse. “Hay un factor que es la capacidad económica de mucha gente y la falta de acceso al crédito”, dijo. 

Por su parte, Roy comentó que “las grandes causas de la informalidad identificadas demuestran que la decisión de ser formal es una cuestión mayormente asociada al mundo real, a las oportunidades que ofrece y no a decisiones racionales”.

Informaron, además, que prácticamente el cien por ciento de los consultados en el estudio manifestó no tener acceso al sistema financiero formal y las excepciones eran los que estaban asociados a una cooperativa. Señalaron que alrededor del 70% de las unidades comerciales estaban financiadas por la usura.

Los analistas también explicaron que las empresas informales tienen habilidades limitadas y contratan poco personal, ya que solo venden en el mercado interno. “Las empresas y trabajadores no pagan impuestos, tienen poco o nulo acceso a servicios financieros formales”, sostuvo Royg. 

También, entre las causas están las labores de cuidado, ya que muchas personas se ven obligadas a salir del empleo formal porque cuentan con algún familiar que necesita de cuidados de un adulto.

Igualmente, Royg afirmó que estos emprendimientos nacen sin planificación con base en las posibilidades, no tienen estabilidad ni ingresos periódicos, por lo que los emprendedores van cambiando de un rubro a otro cuando sufren algún shock externo que obliga a cerrarlos.

“Generalmente, la recuperación no viene con la misma empresa o con el mismo rubro. Muchas de estas empresas, al no tener una perspectiva de crecimiento o de estabilidad en el tiempo, no podrán ser formalizadas”, dijo.

Finalmente, comunicaron que ante la consulta del motivo por el cual querían formalizar a sus emprendimientos, el cien por ciento respondió que para poder justificar sus ingresos y poder acceder al sistema financiero formal y a los productos que éste ofrece, así como también poder acceder al mercado formal.

Propuestas de políticas públicas para formalización

Al finalizar la charla, desde ProDesarrollo compartieron una serie de propuestas que podrían ayudar a aumentar la formalización. Entre ellas destaca el ajuste al sistema Resimple, pues alegan que la mayoría de los informales tiene desconocimiento de este sistema, sumado a que las facturas son impresas y el costo es alto, incluso mayor al precio de algunos productos como trozos de torta, yuyos y chip.

También recomendaron las tics para facilitación de procesos. “Desde ProDesarrollo hemos creado una plataforma digital que permite realizar, en un solo lugar, la inscripción a la SET y derivar a otras instituciones para proseguir trámites. En nuestra experiencia en territorio, hemos comprobado el alcance de las tics a través de los teléfonos celulares y la facilidad de uso que esto implica”, indicaron.

Por último, aseguraron que los programas de primer empleo dirigidos a personas que fueron expulsadas del sistema formal, generalmente con bajo nivel de formación académica, deben incluir incentivos fiscales para que grandes empresas puedan incluirlos en su grilla laboral. 

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