Hasta la fecha, nuestro país posee una de las normativas más antiguas de la región en materia estadística y es prácticamente el único que aún no cuenta con un Instituto autónomo para esta materia altamente técnica. Sin embargo, ya se encuentra en proceso de creación el Instituto Nacional de Estadística (INE), al que le faltaría la promulgación de su ley y luego la reglamentación.
Para Iván Ojeda, titular de la Dirección Nacional de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) – institución que será suplida por el INE -, este es un paso fundamental para organizar y unificar la información estadística en el país, de manera a comenzar un camino sin retorno hacia las políticas públicas basadas en evidencia respaldada.
En ese sentido, se proyecta una estrategia nacional de estadística con una visión a diez años. Uno de los principales desafíos será el censo poblacional del 2022, que trae a cuestas una fallida experiencia del 2012 y costará un total de USD 43 millones.
– Director, ¿Cómo fue el trabajo durante este año marcado por el coronavirus, y en el caso particular de la DGEEC también por la obtención de la ley que permitirá la creación del INE?
El primer caso de COVID se dio en marzo y a partir de ahí se dieron una serie de restricciones, en nuestro caso eso implicó la suspensión de todos los operativos de campo. A partir de ahí el desafío fue pensar en cómo seguir con el trabajo. Teníamos todos los números de teléfono de los consultados en la encuesta (de hogares) anterior. Las personas que visitamos nos dan esa información y gracias a eso pudimos replicar el panel este año y así avanzamos, también con el máximo uso de la tecnología y el trabajo telemático.
Se pudo avanzar también en coordinación con los países con los que somos miembros de la Conferencia de Estadística de las Américas, que es un foro donde compartimos experiencias, y así supimos qué estaban haciendo los otros países en la cuarentena. En el segundo trimestre del 2020, durante la fase 0 de la cuarentena, hubo un impacto muy grande, hubo algunas encuestas que tuvimos que suspender; sin embargo, otras como la encuesta de turismo interno se pudo realizar y también seguimos con las actividades preparatorias para el Censo Nacional.
– ¿Cómo fue el proceso de avance hacia la creación del INE?
Hemos mencionado varias veces que teníamos la ley de estadística más antigua de la región y somos junto con El Salvador los únicos dos países que tienen oficinas de estadística como una dirección general, siendo que el resto de los países ya tiene su instituto. La presentación del presidente de la República del proyecto para la creación del INE es un hecho histórico, más aun cuando se tiene el dictamen positivo de la Secretaría Técnica de Planificación, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y la Secretaría de la Función Pública. Es un trabajo super enriquecido y esta ley tiene como base la línea de base propuesta en la conferencia de estadística de las Américas, que a su vez es el resultado de un estudio profundo realizado por la Cepal (Comisión Económica para América y el Caribe) y por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) a 18 países de la región.
El proyecto se aprobó sin modificaciones en ambas cámaras del Congreso y en este momento está para que el presidente de la República pueda promulgar la ley que él mismo envió y está aprobada por el Legislativo. Después de la promulgación, el siguiente paso es la reglamentación que tiene dos vertientes: por un lado, la reingeniería de la DGEEC en base a ver cómo están los países de la región. En paralelo, la semana pasada lanzamos la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE), una hoja de ruta a 10 años alineada a los ODS (Objetivos de Desarrollo Social).
«En un mundo tan dinámico y de incertidumbre permanente, la estadística es el faro que alumbra a la sociedad en este tipo de situaciones».
– El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, mencionó que en adelante las modificaciones del Presupuesto se deberán hacer en base a estadísticas ¿Cuál será el rol del INE en ese sentido?
No se puede concebir un país que haga políticas públicas sin basarse en evidencia estadística; y en la línea de lo que dice el ministro de Hacienda, esta institución está haciendo un punto de inflexión también en lo que es el Presupuesto. Migramos en el 2020 de un presupuesto por programas, a un presupuesto de gestión de resultados. Entonces las instituciones van a tener que tener indicadores que evidencien el avance de su accionar y si no avanzan en esos objetivos, se les va a tener que achicar el presupuesto. Si una institución dice que va a asistir a una x cantidad de personas en el año, tiene que tener indicadores que son los registros administrativos que demuestren eso.
En ese sentido, también venimos trabajando con el Ministerio de Hacienda en la elaboración del Presupuesto para tener el primer inventario de registros administrativos del Paraguay y para tener el primer diagnóstico de cómo están, y plantear un plan de mejora. Un registro administrativo es toda documentación que realizan las instituciones públicas con fines misionales; por ejemplo, para Identificaciones un registro administrativo es una cédula de identidad o para el ministerio de de Salud, una ficha de nacido vivo. El desafío es volcar esa riqueza de información que ya tiene financiamiento al uso estadístico, lo cual nunca se hizo. Siempre dependimos de la buena voluntad de las instituciones, pero hoy vamos a tener una ley que les va a exigir a las personas físicas o jurídicas a entregar los datos, y también hay un marco sancionatorio para los funcionarios que violen el secreto estadístico.
Todo esto hace a las garantías constitucionales, como el derecho a informarse de los ciudadanos, el derecho de la intimidad de la información de las personas, también lo que tiene que ver con las uniones de hechos o gente que tenga algún tipo de discapacidad.
– ¿El Poder Judicial también ingresa en la lista de instituciones que van a proveer información al INE?
Sí, todo el sistema de justicia y los órganos de seguridad están integrados en el sistema estadístico nacional. La idea es tener una centralización normativa y una descentralización operativa, porque nosotros no vamos a ir a hacer la estadística en el Poder Judicial; lo que vamos a hacer es mejorar y estandarizar esa información, hay que tener una base de datos integrada para ahorrar recursos y tiempo.
– Yendo a otro tema, un desafío importante para la institución va a ser el Censo en el 2022 ¿Cómo se están preparando?
El levantamiento de la información propiamente se va a hacer en el segundo semestre del año 2022. Cuando hablamos del Censo Nacional de Población y Vivienda, estamos hablando del octavo que se va a realizar y el tercer censo indígena. La tradición de censos en el Paraguay arranca en 1950, nuestra oficina tiene una experiencia de 72 años realizando censos y eso está alineado a los países que también van a realizar un censo. Es un proyecto de 6 años que está previsto en en la estrategia estadística nacional.
– ¿Representa un desafío desde la credibilidad, teniendo en cuenta la experiencia del 2012 que no fue precisamente la mejor?
Es un desafío gigantesco, pero es importante puntualizar lo que sucedió en el 2012, ya que no se contó con un acompañamiento político, o una voluntad política para acompañar. Los recursos llegaron tarde y eso dificultó las tareas. ¿Por qué se habla de un censo con dificultades del 2012? Es porque la cobertura fue del 76%, cuando en un escenario ideal lo que se espera metodológicamente es que exista una cobertura del 90% por lo menos. Sin embargo esa información fue sometida a organismos internacionales y los datos fueron validados, porque los organismos también pueden declarar un censo fallido, que no fue el caso de Paraguay y sí fue el caso del censo de Chile en el 2015, por ejemplo.
No fue un censo fallido el de Paraguay, lo que sí tiene algunas limitaciones en algunas zonas, pero los datos que hoy se están utilizando son fruto de ese trabajo. Tuvo sus limitaciones, pero es importante destacar que no fue declarado como un censo fallido.
«Siempre dependimos de la buena voluntad de las instituciones, pero hoy vamos a tener una ley que les va a exigir a las personas físicas o jurídicas a entregar los datos».
– Pero más allá de la cuestión técnica, la sensación que quedó colectivamente fue de que algo falló ¿Sería una buena ocasión para demostrar que el INE va a tener la suficiente fuerza para hacer un mejor trabajo?
Comparto esa visión. La gente prefirió no salir a hablar antes que aclarar lo que pasó, pero eso hoy es anecdótico y nosotros no estuvimos al frente de la institución ahí. Sin embargo, hay que rescatar que hay un cuerpo técnico muy sólido en la institución actualmente y hay una fluidez de intercambio de experiencias e información con otros institutos de la región. Para el año que viene estamos planificando la realización del pre-censo, que consiste en la actualización cartográfica porque el censo requiere visitar todo el país, primero con la actualización cartográfica que implica el inventario de las viviendas que existen en el país y quíen es el jefe de hogar, cuántos hombres y mujeres hay, y otras cuestiones.
Eso va a ser la base necesaria para que en el 2022, los 210.000 censistas salgan a la calle en un día que va a ser declarado asueto y se haga el levantamiento de la información de los ciudadanos, para que en el 2023 se tengan los primeros datos y posteriormente las publicaciones de cada una de las temáticas del censo. El cuestionario tiene alrededor de 70 preguntas en 10 capítulos con distintos tópicos. Esto constituye la base para las políticas públicas.
– ¿Se tiene idea de cuánto va a costar el censo?
Aproximadamente son USD 43 millones en los 6 años del proyecto, el Ministerio de de Hacienda es el encargado de ver los fondos. Hay un decreto que es el 6.320 por el cual el presidente (de la República) ordena el censo para el 2022, constituye la comisión de censos del Paraguay y lo declara de interés nacional. También hay otro decreto que faculta a Hacienda para buscar los fondos y financiar el censo. Es fundamental para un país tener un censo, la magnitud de la información va a ser fundamental para planificar las políticas en todos los ámbitos. Nosotros como novedad estamos proponiendo un geoportal, que va a ser una plataforma web donde se van a territorializar todas las estadísticas.
– Es un censo histórico, nunca hubo tanto acceso a la información como se va a tener en este censo. Para lo que va a ser el análisis ¿influye eso de alguna manera?
Eso es sustancial porque vamos a hacer un gran uso de la tecnología de la información, por primera vez en la historia del Paraguay se van a utilizar imágenes satelitales para el pre-censo, también las huellas digitales de los edificios, es decir, los polígonos de los techos en las imágenes. También vamos a usar escaners para mejorar la oportunidad del dato, logrando mayor calidad en menor tiempo. En los censos analógicos se necesitaban como dos años de trabajo con los digitadores, eso hoy se acorta prácticamente a la mitad con la tecnología. Los datos que vamos a recabar van a ser utilizados por 10 años y este podría ser el último censo en esta modalidad.
– ¿Un mensaje final sobre la importancia de la estadística en las políticas públicas?
Wiliam Deming, que es considerado el padre de la calidad total y fue quien revolucionó la industria japonesa, dijo “todos creemos en Dios, el resto que traigan datos”. Lo que se mide, mejora; entonces, para conocer cómo estamos hoy en día, saber qué es lo que necesitamos y hacia dónde deben ir las acciones del gobierno, más que nunca son fundamentales las estadísticas. En un mundo tan dinámico y de incertidumbre permanente, yo creo que la estadística es el faro que alumbra a la sociedad en este tipo de situaciones. Tenemos que hacer políticas públicas basadas en evidencia y las mismas deben trascender los gobiernos, un político se vuelve estadista cuando empieza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.
Perfil
Nombre: Iván Ojeda
Formación profesional: Licenciado en Administración de Empresas y especialista en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública
Trayectoria: Ha ejercido diversas funciones en el sector público, hasta jefe de Gabinete, miembro del Consejo de Entes Reguladores y auditor.
