El verano paraguayo tiene el mismo efecto que el invierno de los países fríos, en cuanto al comportamiento social que genera. En ambos casos, las temperaturas extremas obligan a buscar refugio y se amplían las brechas de ingresos de las familias, debido al importante gasto en energía que demanda permanecer en un sitio donde no peligre la salud y hasta la vida.
Este año, el calor se ve pronunciado por la sequía y los incendios tornan aún más insoportable al mundo exterior. Quienes no estamos en condiciones de buscar algún destino para vacacionar, no tenemos de otra: aire acondicionado (si el sueldo alcanza) y alguna buena película para los momentos de ocio, mientras vamos viendo de dónde sacaremos dinero para los inevitables antialérgicos.
Esta característica de nuestro sofocante enero se está convirtiendo en rutina y poco o nada se debate sobre el problema de salud pública que esto implica, menos aún sobre sus causas provenientes del escaso o nulo cuidado del medio ambiente.
La atención del Gobierno hacia esta problemática vino solo cuando empezaron a saltar las primeras estimaciones de menor rendimiento que tendría el sector productivo en la actual campaña, con la consecuente reducción del ingreso de divisas y el menor crecimiento del producto interno bruto (PIB) que se deriva.
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Y la respuesta fue rápida y precisa mediante acciones ampliamente testadas a nivel local, destinadas a contener apenas los efectos económicos de corto plazo: medidas de apoyo crediticio para los sectores afectados que regirán en los próximos meses.
Ante la presión de una ciudadanía que, con justa razón, expresa su descontento -principalmente en redes sociales- sobre las condiciones sumamente insalubres en que debe vivir, el Gobierno también salió a anunciar que trabajará en la presentación de una legislación que defina los roles de las distintas instituciones involucradas en la prevención y el control de los incendios.
Si necesitamos una ley que defina los roles de las instituciones que van a combatir un problema ambiental para nada desconocido en nuestro país, ¿para qué tenemos un Ministerio del Ambiente, un Instituto Forestal Nacional, una Secretaría Técnica de Planificación, tantos municipios y gobernaciones? ¿Cómo es posible que estas instituciones no tengan ya bien claro el trabajo que deben hacer para que el verano -y varios otros momentos del año- no se convierta en un infierno de contaminación, con los planes específicos de reforestación, sanción a la quema indiscriminada de terrenos, etc.?
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Todo este episodio nos muestra nuevamente lo atrasados que estamos en políticas ambientales. Con un gobierno que anuncia con bombos y platillos que por fin se pondrá a proponer las funciones de instituciones que existen desde hace años ante un problema ya cotidiano, ¿cómo podemos esperar programas de impacto de más largo plazo, como la promoción del transporte sustentable o la producción amigable con el medio ambiente?
La actual administración del Estado nos da una muestra más de su paupérrima lectura de las demandas sociales y de su ínfimo compromiso con la agenda ambiental. Es cierto que pesan de manera significativa los aspectos culturales de una sociedad también muy poco educada en hábitos medioambientales saludables; pero si los cambios no parten desde las políticas públicas, es difícil que se generen -al menos de manera ordenada- solo desde cada uno de los hogares.
Es tiempo de lograr que las eternas mesas de trabajo resulten en normativas que de verdad contemplen las soluciones a estos problemas y se las ponga en práctica de una vez por todas, o nos quedaremos literalmente sin aire para respirar.
Foto principal: Gentileza Municipalidad de Asunción.
