La escalada de precios en la canasta básica familiar es uno de los temas más comentados en las últimas semanas, debido al nivel que está alcanzando en nuestro país y la situación de vulnerabilidad en que todavía se encuentra la economía como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
El asado de los domingos se convirtió en un lujo y la parada en la estación de servicios se hace cada vez más dolorosa, con la carne y los combustibles entre los productos que más se encarecieron en el mercado paraguayo.
Si bien la actividad económica recuperó un importante dinamismo -con la relajación de las restricciones sanitarias que se habían impuesto para frenar al coronavirus y el avance de la vacunación contra el COVID-19-, los ingresos de las familias todavía no alcanzan una recomposición plena luego del deterioro que sufrió el mercado laboral durante los meses de cuarentena más estricta.
A modo de ejemplo, el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) informó hace unos días que más de la mitad de sus egresados del 2020 aún no acceden a un puesto de trabajo y que el golpe de la pandemia sigue siendo la principal causa de problemas en el ámbito laboral. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), por su parte, advirtió que casi toda la recuperación del empleo en nuestro país se dio en condiciones de informalidad.
Esta situación coloca a los hogares en condiciones de mayor vulnerabilidad para contener el encarecimiento de productos que estamos viviendo, pues en el caso de inclusive haber recuperado el empleo, probablemente se dio con ingresos menores a los que se percibía antes de la pandemia y en un contexto de inestabilidad.
Por otro lado, desde el Banco Central del Paraguay (BCP) se explicó en reiteradas ocasiones que la actual suba de la inflación responde a shocks de oferta provenientes del aumento de precios de commodities. Esto significa que los alimentos y los combustibles absorbieron la suba que se está experimentando en los precios internacionales, fenómeno que se repite alrededor del mundo como consecuencia de la recuperación económica post-pandemia.
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Si bien el BCP tiene como prioridad de su accionar al control de la variación de precios en nuestro mercado -desde la adopción del esquema de metas de inflación en el 2011-, en esta ocasión no tiene mucho qué aportar debido a que el encarecimiento de los productos se da desde condiciones de la oferta -aumento de los costos de producción-, no desde la demanda.
Las medidas de política monetaria del BCP se implementan principalmente desde los ajustes en las tasas de interés, que luego se traducen en mayores o menores costos del crédito para la población, de acuerdo a que se necesite mover más o menos la demanda de dinero en la economía.
En los últimos meses, la banca matriz inició la normalización de su política monetaria, con dos consecutivas subas de la tasa de interés de referencia que se espera continúe al menos hasta fin de año y el 2022. El objetivo de estas medidas es evitar una suba de precios de “segunda vuelta”, es decir, que los servicios también se encarezcan a partir del aumento en los productos; para el efecto, se busca desalentar la demanda a través del crédito.
Entonces, ¿estamos con las manos atadas ante la actual inflación?
Aparentemente, sí. Desde la situación económica de las familias, la recomposición de los ingresos todavía llevará su tiempo y la política del BCP actuará con su habitual rezago seguramente recién en el 2022. No nos queda más que esperar que esta suba de precios sea realmente transitoria, como se calcula tanto en Paraguay como en otros países.
El desafío nuevamente está en el componente social: las políticas que promuevan el empleo en condiciones dignas y seguras, que tiendan a reducir la desigualdad de los ingresos y la pobreza, a fin de que los próximos periodos de inflación “incontrolable” nos encuentren mejor parados y sin tener que someternos a tantos sacrificios.
