El jueves de la semana pasada, en la Cámara de Senadores se debatió el proyecto de Ley “Que declara de interés social y desafecta del dominio privado del Estado Paraguayo – Ministerio de Defensa Nacional a favor de la Municipalidad de Villa Hayes, para su posterior transferencia a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes, un inmueble individualizado como parte de la finca N.º 916, padrón N.º 14.638”, presentado por el entonces diputado Edwin Reimer y senador Basilio Núñez.
Es importante explicar que dicho proyecto iba a contar con sanción automática ese mismo jueves. Durante el estudio del documento, se comprobó la falta de quórum, por lo que la senadora Hermelinda Alvarenga, en ejercicio de la Presidencia, levantó la sesión ordinaria de la fecha, por lo que el proyecto tuvo sanción automática y fue derivado al Ejecutivo.
Tras darse a conocer esta decisión, la iniciativa fue muy cuestionada por la ciudadanía, ya que según se dio a conocer, en el predio existen edificaciones de gran envergadura y no serían agricultores los actuales ocupantes, tal como se argumentó en el proyecto.
De hecho, senadores de varios partidos políticos denunciaron que la ley beneficia a ocupantes irregulares sin establecer siquiera precios de mercado, con tierras valiosas y estratégicamente ubicadas.
En esta línea, el presidente de la República, Santiago Peña, adelantó el pasado viernes su posición en contra de la iniciativa parlamentaria. “Adelanto que mi posición será la de vetar totalmente la iniciativa parlamentaria”, anunció el mandatario, en redes sociales. “Es mi obligación defender lo que es de todos los paraguayos”, agregó.
Estrategia procesal
Asimismo, el ministro de Defensa, Oscar González, afirmó el sábado que independientemente al veto presidencial, que es una atribución exclusiva del titular del Ejecutivo, el Ministerio está trabajando en un dictamen tendiente a oponerse a la enajenación de las tierras.
También, desde la entidad informaron que, por instrucciones del presidente de la República, el ministro González se encuentra en contacto permanente con el Procurador General de la República, Marcos Aurelio González, a los efectos de diseñar la estrategia procesal para la reivindicación de parte de la Finca 916 y el desalojo de las personas que lo ocupan ilegalmente.
Procedimiento judicial
Por su parte, el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolon, informó este lunes que por la sola situación de hechos, la edificación que existe en algún predio motivaría, a su criterio, cuanto menos una acción posesoria.
“Ustedes me traen situaciones de hechos, de costosas edificaciones que ya implican acciones posesorias. En esos casos, evidentemente, por lo menos hay una necesidad de intervención judicial; es más, yo creo que si hay otras contingencias, por ejemplo, adulteración de documentos, falsificaciones, etc., hablamos de otra especie de hechos punibles”, explicó.
No obstante, afirmó que aún no ha conversado con ninguna autoridad y que primero deben tener una precisión conceptual sobre el caso, para luego analizar la solución que deberán dar.
