Barranquilla (Colombia), 24 ene (EFE).- El caso de Triple A, empresa de servicios públicos del norte de Colombia vinculada a Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de Madrid, y cuyo proceso de expropiación por un escándalo de corrupción comenzó en 2018, ha vuelto a discusión luego de la venta del 34 % de las acciones de la compañía a terceros.
En una operación que ha sido cuestionada por sectores políticos, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que administra bienes sometidos a extinción de dominio (expropiación), adjudicó, sin que hubiese proceso previo de selección, esa porción de acciones de Triple A a socios privados, cercanos a la Alcaldía de Barranquilla.
Triple A, que presta los servicios de acueducto, alcantarillado y recolección de basuras a más de dos millones de habitantes de la costa atlántica colombiana, tenía como socio mayoritario a Interamericana de Servicios S.A. (Inassa), filial de Canal de Isabel II, que también contaba con empresas de servicios públicos en Ecuador, República Dominicana, Panamá, Brasil, México, Venezuela y Haití.
Sin embargo, en octubre de 2018, tras destaparse el escándalo de corrupción del llamado caso Lezo en España, que salpicó a Inassa, el Gobierno colombiano la intervino y la Fiscalía General embargó acciones por 202.000 millones de pesos (unos 61,3 millones de dólares de entonces) que esa empresa tenía en Triple A, cuyos bienes entraron en proceso de extinción de dominio.
La Fiscalía colombiana consideró que de manera irregular directivos de Inassa y Triple A se apropiaron de 60 millones de euros bajo el pretexto de pagar asesorías técnicas que no se hicieron.
Por este caso resultó condenado a 15 años de prisión el gerente de Triple A Ramón Navarro Pereira, y la Fiscalía ordenó además sanciones para otros siete directivos y exdirectivos de Triple A, varios de ellos españoles.
NEGOCIO DE ORO
Según la Alcaldía de Barranquilla, con la venta a terceros del 34 % de las acciones de Triple A, por 565.000 millones de pesos (unos 142 millones de dólares), la ciudad, «sin poner un solo peso», recuperó el manejo de la empresa de servicios públicos cuyo control accionarial (85 %) tuvo en los años 90, antes de la entrada de Inassa.
«Es una operación transparente, el mejor negocio que ha hecho Barranquilla en su vida y, además, nos da la oportunidad de decir que por fin Barranquilla puede tener una empresa pública propia», manifestó el alcalde Jaime Pumarejo, citado en un comunicado, luego de que la operación de la SAE fuera publicada por los portales «La Silla Vacía» y «Primera Página».
La operación se hizo mediante la figura de enajenación temprana por intermedio de la empresa Alumbrado Público de Barranquilla que tiene como socios al municipio, con el 65 %, y a privados (34 %).
Con esa figura, los privados ponen el dinero sin que eso implique titularidad de las acciones enajenadas, y sus ganancias la obtienen mediante las utilidades futuras de la Triple A.
SEGUIMIENTO DIPLOMÁTICO
El embajador de España en Colombia, Joaquín de Arístegui, dijo a Efe que esa misión diplomática sigue con atención este caso como lo hace con todas las empresas españolas para ayudar en todo lo que se pueda a la solución de sus problemas.
«La situación de momento es de seguimiento y de acompañamiento del caso», afirmó.
El embajador agregó que «Colombia y España se han dotado de unos cauces para analizar situaciones y resolver controversias, muy avanzados, que van de los casos informales a las consultas, y también tenemos un andamiaje institucional a través de acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones de última generación» para solucionarlas «de una manera eficaz, rápida y transparente».
«Es el caso de inversiones como la que hizo en su día Isabel II, que tiene unos procedimientos y unos mecanismos que cuando la empresa española, si lo decide, quiere activar, pues seguirán su curso normal cumpliendo una serie de requisitos; es una cuestión que tiene que decidir la empresa española si considera que en algún momento algún derecho o pretensión suya ha podido sufrir un menoscabo», agregó.
El proceso aún no ha concluido con sentencia, por lo que en la práctica las acciones siguen siendo de Inassa, pero la recompra de acciones mediante la enajenación temprana de activos es un paso más hacia la expropiación definitiva. EFE
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