Sin duda, entre las debilidades más acuciantes del sistema de jubilaciones en el Paraguay se encuentra la carencia de una entidad especializada de regulación y supervisión que establezca normas estándares que regulen las inversiones de los fondos de pensiones.
El sistema de pensiones y jubilaciones de Paraguay está integrado por varios regímenes, en su mayoría administrados por distintos entes públicos, aunque también existen entidades del sector privado que ofrecen planes voluntarios de pensiones.
El Instituto de Previsión Social (IPS), la Caja Fiscal, la Caja Municipal, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Caja de Itaipú, la Caja Ferroviaria, la Caja Parlamentaria y la Caja Bancaria son algunas de las previsionales que existen a nivel nacional.
Algo en común que tienen las cajas previsionales en la actualidad es que están reguladas conforme con sus respectivas cartas orgánicas y la naturaleza de la supervisión difiere de una a otra. Pero, en general, ninguna está sometida a controles rigurosos y específicos en cuanto al manejo financiero ni se establecen sanciones para los administradores.
Por dar un ejemplo, las superintendencias de Bancos y de Seguros ejercen labores de fiscalización en el caso de la Caja Bancaria, mientras que la Auditoría General del Poder Ejecutivo supervisa y evalúa las auditorías internas en las entidades dependientes del Poder Ejecutivo. Por su parte, la Contraloría General de la República desempeña tareas de control desde la perspectiva contable/presupuestaria en todas las cajas públicas.
Es decir, los mecanismos de supervisión vigentes para las cajas de jubilaciones y pensiones tienen diversas formas, pero todas coinciden en la debilidad de su procedimiento, escasa eficacia y nulo poder sancionatorio.
Esta ausencia de un regulador o supervisor y de normas adecuadas de inversión no ha contribuido a generar el mejor ambiente para la inversión de las reservas, lo que ha llevado en la época de los 90s y principios de los 2000s a pérdidas de recursos muy valiosos de los asegurados en inversiones de alto riesgo, o, en el mejor de los casos, se han obtenido rendimientos bajos.
Concretamente, por citar algunos de los ejemplos que afectaron significativamente las reservas de estas cajas, recordemos el caso del IPS que, en la década de los años 90, concedía préstamos directos sin garantías.
El caso más conocido es el de la Caja de Jubilados de la Itaipú Binacional (Cajubi), que realizó una inversión financiera en el exterior y terminó perdiendo alrededor de USD 100 millones. Las supuestas inversiones se realizaban, en su mayoría, en empresas de pantalla en Canadá, Panamá, Florida (EEUU), Isla de Man e Inglaterra.
Si bien la Cajubi llevó adelante varias acciones judiciales desde el 2012 y ha recuperado parte de lo invertido, hasta la fecha continúa la batalla judicial.
En el 2018 se logró la extradición de los principales acusados, Marcelo Barone y Elisabel Vázquez (un matrimonio venezonalo), quienes administraban y controlaban las supuestas inversiones realizadas por la Cajubi entre los años 2006 y 2008 en las empresas Resitrust Inc. Strategy Corporation International, Plainc Inc. y Euroinvest Worldwide Inc.
Además, también a nivel local fueron condenados a prisión los expresidentes de la Cajubi, Víctor Bogado Núñez y Mariano Escurra Vicésar, y también otros exmiembros del directorio y exconsejeros.
Superintendencia de Pensiones
Buscando garantizar el otorgamiento de las prestaciones previsionales presentes y futuras en tiempo y forma, hace unas semanas se presentó en el Senado el proyecto de Ley “Por el cual se reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución de la República”, conocido como Superintendencia de Pensiones.
En el documento se aclara que la ley no sustituye a los órganos de administración de las diferentes entidades de jubilaciones y pensiones, ni deroga o sustituye las competencias que cada una de esas entidades tiene en sus leyes orgánicas y estatutos respectivos.
La normativa busca supervisar la administración de los fondos de jubilaciones y pensiones, y regular la forma y límites en que habrá de administrarlos, respetando el ámbito de competencia de los órganos de gobierno de las diferentes entidades.
Es importante mencionar que este proyecto no es el primer esfuerzo por crear un ente supervisor del sistema de jubilaciones y pensiones. Tanto en el año 2015 como en el 2017, se han efectuado propuestas para la creación de una superintendencia de jubilaciones y pensiones, generar un marco jurídico para las inversiones y establecer mejores prácticas en la gobernanza de las entidades que administran los fondos.
Estos intentos no han prosperado y los referidos proyectos han pasado al archivo en el Poder Legislativo, debido a la necesidad de ampliar el debate con todos los actores sociales, quienes avistaron un proyecto complejo, extenso y reglamentario. Esto complicó el diálogo y ha postergado la construcción de la institucionalidad de un ente supervisor.
Obligación impostergable
El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, aseguró que la Superintendencia de Pensiones es una obligación impostergable que tienen con los trabajadores aportantes por asegurar la estabilidad y seguridad financiera de quienes se han acogido o se acogerán al beneficio de la jubilación.
“Estamos convencidos de la necesidad de aprobar la ley que crea la Superintendencia de Fondos de Pensiones en Paraguay, que fortalecerá la supervisión y regulación de estos recursos, que no pertenecen al Estado, ni a las entidades financieras donde están depositadas, ni a los administradores coyunturales de las cajas, sino a los trabajadores”.
Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía y Finanzas.
Añadió que la creación de esta entidad regulatoria reflejará la preocupación por salvaguardar los ahorros de los trabajadores y asegurar que los sistemas de pensiones sean gestionados de manera responsable y sostenible en el tiempo. “La aprobación de esta ley llevará su tiempo, pero la misma no puede ni debe hacerse sin la debida participación de las partes afectadas”, reconoció.
Regulación es necesaria
La economista Veronica Serafini hizo énfasis en que como están hoy las distintas cajas, probablemente no va a haber posibilidad de jubilación, por lo que es necesario que se empiece a manejar bien los recursos. “Para eso se necesita una Superintendencia. Hoy hay diez o quince administraciones separadas, poco transparentes, sin criterio uniforme de cómo invertir los recursos”, aseguró.
Recomendó que, como es un tema sensible y teniendo en cuenta que ya se intentó varias veces, se debe dialogar.
“Todas las veces se mete un proyecto de ley sin un diálogo y sin mostrar la situación actual. Se necesita un diálogo, sentarse a hablar, así como el Ministerio de Hacienda siempre tiene a ciertos sectores sentados en su gabinete, así también hay que traer a los trabajadores y a los jubilados a sentarse y a dialogar”.
Verónica Serafini, economista.
Es importante recalcar que el proyecto se encuentra en las comisiones del Senado, cuyos miembros realizarán audiencias públicas para conocer el parecer de los sectores involucrados que ya han enviado notas al presidente del Congreso solicitando participar del análisis del documento.
