ANÁLISIS
En el marco de una conferencia brindada por la organización Desarrollo en Democracia (Dende), se introdujo el tema de la creciente deuda externa de nuestro país en los últimos diez años. Este indicador pasó de una representación del 8,1% sobre el producto interno bruto (PIB) al 31,1%, como consecuencia de la colocación de bonos soberanos en el mercado internacional.
Esta colocación de deuda, a su vez, ha sido consecuencia del gran tamaño del Estado que se ha visto reflejado en el presupuesto general de gastos, continuamente deficitario. Esta situación se agravó desde el 2019, ya que la crisis de ese año obligó a la utilización de la cláusula de escape de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), obligando a un desfase del 2,8% en el presupuesto.
El advenimiento de la pandemia en el 2020 obligó a un fuerte gasto público para financiar la crisis económica y sanitaria generada en consecuencia, llevando nuevamente el déficit fiscal a la línea del 6% sobre el PIB. Con este resultado contribuyó la toma de una deuda por USD 1.600 millones para financiar los gastos de la Ley de Emergencia Nacional impulsada por el Gobierno.
Durante la conferencia de Dende, se advirtió sobre la necesidad de generar un nuevo equilibrio en los gastos estatales, minimizando -cuanto menos- hasta el 1,5% el desequilibrio del fisco. Solo de esta manera se podrá evitar que las nuevas deudas sirvan solo para el pago de intereses, y poder dar continuidad a la infraestructura edilicia, tan necesaria para el país en términos económicos.
El titular de Dende, Alberto Acosta Garbarino, recordó que a partir del 2012, con la aprobación de un serie de aumentos de hasta el 30% en los costos del funcionamiento del Estado, se tuvo la necesidad de recurrir a la colocación de bonos como método de financiación, ya que la emisión de dinero no era una opción, por la presión inflacionaria que hubiera generado.
Acosta hizo referencia a que ese déficit constante y la emisión de bonos que se realiza desde el 2012 ya han generado una deuda estatal que llega al 31% del PIB.
Dijo que, si bien el país todavía tiene un margen para sostenerse dentro de este modelo, está camino a que su deuda no sea sostenible por su gran volumen y la poca capacidad de generación de recursos para responder en la misma medida.
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“El déficit se amplió de lo que era un 1,5% a más del 6% el año pasado, y eso implicó que también se incremente la deuda que ya está arriba del 31% del PIB, y si uno mira la tendencia de la deuda (en los últimos años) claramente es insostenible”, advirtió.
«Si sigue la tendencia del déficit, también va a seguir creciendo la deuda y vamos acercándonos a umbrales en que la deuda no va a ser sostenible».
Alberto Acosta Garbarino, presidente de Dende.
Consideró que el Gobierno se encuentra en una “encrucijada”, ya que básicamente solo habría dos caminos para generar una reducción del déficit público -y de la deuda en consecuencia-, y tienen que ver con una eventual suba de los impuestos o una reforma del gasto estatal. Sin embargo, ambas opciones serían muy impopulares, aún más en el contexto de crisis económica por el que pasa el país.
Intereses de deuda
Por su parte, el exministro de Hacienda y consejero de Dende, César Barreto, puntualizó que en el marco de un crecimiento económico en torno al 3,5%, volver a un déficit fiscal del 1,5% sobre el PIB podrá estabilizar el nivel de la deuda en un nivel del 35%. Sin embargo, advirtió que ese 1,5% de déficit sería utilizado cada vez en mayor proporción para el pago de intereses de la propia deuda.
“Cada vez nos queda menos dinero para invertir en obras públicas porque los intereses van subiendo y la deuda que tomamos es para pagar intereses y nada más».
Césa Barreto, economista, consejero de Dende y ex ministro de Hacienda.
«Primero tenemos que recomponer el orden en las finanzas públicas a nivel macro, recuperar ese orden en el andamiaje fiscal que traíamos, que no es óptimo pero estabilizador”, dijo Barreto.
De esta manera, hizo referencia a que ya existe una preocupación de cara al futuro para la continuidad de las obras públicas, ya que el déficit fiscal y el endeudamiento son cada vez destinados en mayor medida al manejo de la deuda y no a nuevas obras públicas. Cabe recordar que la inversión en infraestructura ha sido en los últimos años un motor fundamental para la economía del país.
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Poca esperanza en Itaipú
Por otro lado, el economista dijo que una de las esperanzas para aliviar el gasto estatal y la deuda venía siendo una correcta negociación del Anexo C del tratado de Itaipú con el Brasil. Sin embargo, opinó que las posibilidades de generar buenos ingresos por esa vía se van alejando, por la debilidad del Gobierno paraguayo y el fortalecimiento que demuestra Brasil de cara a la histórica conversación diplomática.
Agregó que en el caso de que el Paraguay no logre un resultado auspicioso en la negociación con el Brasil, habría un elemento más de preocupación en el ámbito de la generación de recursos para la continuidad de las obras públicas en los próximos años. Esto condiciona a su vez el equilibrio fiscal, y de nuevo se recortará el presupuesto destinado a inversiones.
“Veo difícil que podamos sacar algo bueno de Itaipú en el 2023, porque veo que hasta los propios encargados del Gobierno están muy prudentes, por usar una palabra. El Brasil se está poniendo duro y al parecer no tenemos la fuerza necesaria para generar argumentos que nos puedan traer algún dinero; entonces, si no sacamos dinero de Itaipú, se complica la inversión en infraestructura para los próximos años”, mencionó.
Calidad del gasto
Según cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda en su informe de situación financiera de mayo, de cada 100 guaraníes de ingresos tributarios actualmente 52 guaraníes son destinados a las principales funciones del Estado, como salud, educación y seguridad. A su vez, el 68% de los ingresos tributarios del Estado son destinados a salarios en el sector público.
Si bien este ratio ha disminuido con respecto a años anteriores, pone de manifiesto la situación del tamaño del Estado, y el poco dinero que queda en consecuencia para la construcción de escuelas, rutas, hospitales y demás desarrollos edilicios.
