Un grupo de empresarios pertenecientes a distintos sectores como la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym), y otras siete entidades, firmaron el comunicado en donde muestran su postura en contra del peaje de la hidrovía impuesta por Argentina.
En dicho documento, señalan que la existencia del Acuerdo de Transporte Fluvial por la hidrovía Paraguay-Paraná -Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra-, suscrito por Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, tiene por objetivo establecer un marco normativo común que favorezca el desarrollo, la modernización y la mejora en eficiencia de las operaciones fluviales, facilitando así el acceso en condiciones competitivas a los mercados regionales de ultramar, bajo los principios de: Libertad de navegación, igualdad de tratamiento y libertad de tránsito.
Asimismo, sostienen que toda acción de uno de los miembros del tratado, afecta a los demás, por lo que, “todas las acciones que tomen los países deben enmarcarse dentro del enfoque de la multilateralidad. Más aún, teniendo en cuenta que dos de sus miembros son países mediterráneos, que tienen derecho de acceso a los océanos consagrados en la Convención del Mar”.
De igual forma, manifiestan que apoyan la búsqueda de eficiencia operativa dentro del marco del acuerdo, incluyendo obras cuando fuera necesario. Sin embargo, resulta inconveniente la provisión del servicio tradicional de balizamiento –con boyas estáticas- ya que sostienen que esto “no solo no favorece a la navegación, sino que incluso puede llegar a entorpecer en función del permanente cambio de traza que las corrientes ocasionan en ese tramo del río Paraná”.
Además, indicaron que entienden que el ámbito propicio para tratar la cuestión son el Comité Intergubernamental Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH) y la Comisión del Acuerdo, y que este es el marco para la aprobación o no del cobro del peaje, por lo que instan a todos los actores, a los miembros de los gobiernos, a resolver los problemas dentro del marco de la CIH y la Comisión del Acuerdo.
Cabe mencionar que este año, el Gobierno argentino procedió a instrumentar de manera unilateral el cobro de un peaje de USD 1,47 por tonelada de registro neto al transporte fluvial que circula por el tramo Puerto de Santa Fe-Confluencia.
Este peaje afecta a los usuarios de la región: importadores, exportadores, armadores y prestadores de servicios, y no solo a los armadores paraguayos. Este tipo de medidas, además de encarecer los bienes de la región, haciéndolos menos competitivos, podría desmotivar el uso de la hidrovía.
