Se ha generado todo un debate entre gremios alrededor del tratamiento que está teniendo el proyecto de Ley de “Servicios de Confianza para Transacciones Digitales” en el Congreso Nacional.
Por un lado, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) asegura que aprobar la versión de Senadores -en la que los reguladores marcan las pautas de identificación de usuarios-, sería peligroso. Por el otro, la Cámara de Operadores Móviles asegura que endurecer los requisitos en la misma ley (versión Diputados) afectaría a unos 5 millones de usuarios del sistema.
Recientemente, la Comisión de Legislación del Congreso dictaminó a favor de la versión de Senadores, para dejar al arbitrio de los distintos reguladores -como el Banco Central del Paraguay (BCP) o la Comisión Nacional de Valores (CNV)- la reglamentación de la norma en sus distintas áreas. Esto ha generado un nuevo pronunciamiento de Asoban, gremio que se muestra en contra de esta postura.
En el documento publicado, Asoban lamenta este dictamen e insiste en que el cibercrimen afecta a la seguridad de las personas, dejando entrever que la versión del Senado para esta ley colaboraría con la continuidad de este tipo de flagelos. Los bancos aseguran que el movimiento de dinero mediante billeteras electrónicas son el “eslabón débil” del sistema financiero en la actualidad.
De esta manera -según el gremio- se facilita la tarea a los delincuentes que realicen suplantaciones de identidad, como acceso indebido de datos, estafa, extorsión, ventas de datos personales e incluso secuestro virtual, a través de celulares.
“Según datos de la Policía Nacional, desde el año 2020 se ha visto un incremento considerable en la utilización de líneas telefónicas móviles para la comisión de Hechos Punibles contra el Patrimonio, Estafas, Extorsión, entre otros”, se afirma en el manifiesto.
Agregan que el departamento antisecuestro registra un promedio de treinta denuncias al mes por casos de sextorsión mediante teléfonos celulares.
También se argumenta que la facilidad con que los delincuentes pueden adquirir números telefónicos a nombre de terceros dificulta la labor del Ministerio Público y la Policía Nacional para llegar a los autores de las acciones ilícitas, más aún al movimiento de dinero que realizan mediante las billeteras electrónicas.
“Asoban exige al pleno de la Cámara de Diputados ratificarse en la versión de la Cámara de Diputados que incluye en sus puntos criterios altos de seguridad, apoyando una norma para el beneficio de los usuarios y cuidando la seguridad de los mismos, de sus datos, de sus bienes y de su dinero, así como de todo el sistema en general”, afirman desde el gremio.
Retención del Impuesto a la Renta de No Residentes
Por otra parte, mediante el decreto presidencial No. 5.373, el Ejecutivo postergó la entrada en vigencia del Impuesto a la Renta de No Residentes (INR), la cual se debe realizar por parte de las entidades intermediarias para la provisión de servicios digitales de proveedores del exterior.
Se dispuso así que la postergación será hasta el 1 de enero del 2022 para todos los entes, ya sean bancos, financieras, casas de cambio, cooperativas, procesadoras de pagos u otras similares. Esto será aplicable cuando el usuario realice los pagos correspondientes por medio de tarjetas de crédito o débito.
