Las altas tasas de interés registradas a inicios del año obligaron al Tesoro Nacional a salir a emitir casi al cierre del primer semestre y, pese a las mejores condiciones del mercado desde ese entonces, no se acercó al menor costo de financiamiento logrado en operaciones anteriores.

A octubre, la deuda pública llegó a USD 16.194 millones, 36,8% del PIB. A esto se deberán sumar los USD 600 millones autorizados por el Congreso para honrar los compromisos con constructoras y farmacéuticas. El interés de los pasivos, por su parte, creció en 58% frente al 2022.

No obstante, se dieron pasos positivos como el inicio de la desdolarización de la deuda pública y se mantuvo la calificación crediticia, incluso Fitch habilitó a empresas paraguayas a calificar como grado de inversión y el índice EMBI arrojó uno de los perfiles más confiables para la inversión en la región.

El avance concreto que ha logrado hasta ahora el Gobierno para abonar lo que debe a constructoras y farmacéuticas consiste en pequeños desembolsos mensuales. Son pagos parciales que han oxigenado a estos dos sectores, pero que solo implica una reducción marginal de lo adeudado, según se informó desde el Ministerio de Economía.

Una de las grandes dificultades con que se encontró la administración actual fueron las obras ejecutadas pendientes de pago que dejó la gestión anterior y que recién el próximo año se honrará con un nuevo endeudamiento del Estado paraguayo.

Si bien el Ejecutivo está llevando adelante acciones para “poner en orden la casa”, a la par también se han anunciado proyectos y planes sin contar con un financiamiento, repitiendo así viejos vicios de la administración pública.

Tal es el caso del MUVH, que pretende construir 20.000 viviendas anuales, pero sin contar con los recursos y pensando en solicitar ampliación presupuestaria. Enfrentar el déficit habitacional fue una de las principales promesas de campaña del presidente Santiago Peña.